Sentencia N° 19 Casación Social TSJ 2001: José Meza, Jesús Rodríguez, José Navares y… vs United Airlines I.N.C.

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de casación interpuesto por la parte demandada en un juicio por cobro de prestaciones sociales. El Juzgado Superior Segundo del Trabajo había declarado sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada, confirmando la decisión del Juzgado Décimo de Primera Instancia. La negativa de admisión del recurso de casación se fundamentó en que el monto reclamado por cada demandante no superaba la cuantía mínima exigida para recurrir en casación en juicios laborales.

El Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en auto de fecha 15 de febrero de 2001, basó su negativa de admisión del recurso de casación anunciado, en los siguientes términos: “...constatado como ha sido que la demanda contiene un litis consorcio activo y el pedimento formulado por el ciudadano PEDRO MARTÍNEZ por un monto de lo reclamado es hasta por la cantidad de Bs.3.374.656,30 siendo que el mismo manifiesta haber recibido la cantidad de Bs.435.643,08 lo realmente reclamado asciende a la cantidad de Bs.2.939.013,22, lo cual se evidencia del libelo de la demanda cursante al folio 22 del expediente, y por cuanto dicha cantidad no supera los TRES MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.3.000.000,00), verificando asimismo, que el resto de los litis consortes activos ninguna de las sumas reclamadas llega a la suma de Bs. 3.000.000,00, este Juzgado Superior NIEGA dicho Recurso, por cuanto la cuantía, no alcanza la suma de TRES MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.3.000.000,00), a tenor de lo dispuesto en los artículos “2° y 3° el Decreto 1029, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 293.136 (sic), de fecha 22 de enero de 1996, el presente juicio no tiene Recurso de Casación.” Así pues, presentándose en el caso bajo análisis una acumulación de pretensiones por conexión impropia o intelectual, por cuanto se evidencia del libelo de la demanda, siendo éste un medio idóneo para determinar la cuantía del juicio, que los demandantes reclaman el monto global de Bs. 9.850.018,97, no obstante, se desprende de autos que la misma proviene de la suma de cada una de las pretensiones individuales reclamadas por los actores del presente juicio, siendo éstas: Ciudadano José Meza, reclama en total, la cantidad de Bs. 1.550.290,70. Ciudadano Jesús Rodríguez, reclama en total, la cantidad de Bs. 2.787.912,31. Ciudadano José Navares, reclama en total, la cantidad de Bs. 2.506.713,46. Ciudadano Pedro Martínez, reclama en total, la cantidad de Bs. 2.939.013,08. En tal sentido, tomando en cuenta la doctrina patria, Ricardo Henríquez La Roche, sobre el punto de la acumulación de pretensiones, indica expresamente: “Cuando hay una conexión impropia, la competencia por el valor, el cobro de honorarios profesionales y la admisibilidad de los recursos en el orden cuantitativo, dependen del valor que tenga cada pretensión individualmente considerada, pues se trata de acciones y derechos sustanciales pertenecientes a sujetos distintos, cada pretensión conserva su valor a todos los efectos procesales (Código de Procedimiento Civil; Ricardo Henríquez La Roche, Caracas, 1995).” Así mismo, es necesario mencionar el criterio reiterado de la Sala de Casación Social, en cuanto a la admisibilidad y cuantía en los casos de acumulación de pretensiones, que en sentencia de fecha 22 de marzo de 2001, entre otras, señala expresamente: “...es doctrina reiterada de la Sala, que no puede sumarse el valor económico de cada una de las pretensiones reclamadas por los sujetos activos, a los efectos de la determinación del interés principal del juicio. Por lo tanto se debe verificar que alguna de dichas pretensiones exceda la cuantía mínima exigida para acceder a casación, en los juicios laborales.” Una vez determinado el hecho de que no puede sumarse el valor de cada pretensión para determinar la cuantía del juicio, se evidencia que el criterio del Sentenciador de alzada es acertado, por cuanto del libelo de la demanda se desprende lo que efectivamente reclama de manera individual cada accionante, y en vista de que ninguna de las pretensiones excede de la cuantía mínima exigida conforme a lo dispuesto en el Decreto Presidencial N° 1029, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela, N° 36.884, de fecha 22 de enero de 1996, la cual es de tres millones de bolívares (Bs.3.000.000,oo) para la admisión de los recursos en los juicios laborales, se confirma el auto recurrido, y en consecuencia se declara improcedente el recurso de hecho propuesto por los apoderados judiciales de la parte demandada.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto por la parte demandada contra el auto de fecha 15 de febrero de 2001, dictado por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, denegatorio, a su vez del recurso de casación anunciado contra la sentencia dictada por el mismo Tribunal en fecha 6 de diciembre de 2000. Se condena en costas a la parte recurrente, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la causa, o sea, al Juzgado Décimo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen, ya identificado, todo de conformidad con el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.