Sentencia N° 1876 — Sala de Casación Social del TSJ, 15 de diciembre de 2005

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia decide sobre un recurso de control de la legalidad interpuesto por Jorge Iván Abreu contra una sentencia del Juzgado Primero Superior del Trabajo de Anzoátegui. La Sala establece que el recurso es inadmisible, ya que el recurrente tenía otra vía para impugnar la decisión. Se argumenta que el recurso de control de la legalidad es excepcional y debe cumplir con ciertos requisitos para su admisibilidad.

Ahora bien, por razón de que el recurso de control de la legalidad es un medio de impugnación excepcional, se deben cumplir, para poder garantizar su admisibilidad, con los requerimientos formulados en la norma de la Ley Adjetiva Laboral reproducida en el párrafo precedente; a saber: 1) Que se trate de sentencias proferidas por Juzgados Superiores Laborales; 2) que éstas no sean impugnables en casación; 3) que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral o procesal y/o 4) que resulten contrarias a la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social. Para el caso que nos ocupa, se interpone el presente recurso contra una sentencia definitiva de última instancia, la cual pone fin al proceso, cuya cuantía es de Ciento Cinco Millones Ciento Setenta y Seis Mil Doscientos Diez Bolívares con Ochenta y Siete Céntimos (Bs. 105.176.210,87), y en una acción por cobro de prestaciones sociales y daño moral; con lo cual se evidencia que es un fallo de los señalados en el ordinal 1° del artículo 167 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de los cuales se puede recurrir en casación.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte demandante, contra la sentencia proferida el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 26 de julio de 2005. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.