Sentencia N° 1826 — Sala de Casación Social del TSJ, 24 de noviembre de 2009

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada contra una decisión del Juzgado Superior Quinto del Trabajo del Estado Zulia. La sentencia recurrida había declarado con lugar un recurso de apelación presentado por la parte demandante, ordenando la reposición de la causa al estado en que el Juzgado de Primera Instancia dicte dispositivo del fallo. La parte demandada alegó violaciones al debido proceso y a la defensa, argumentando que no se le permitió hacer observaciones en la audiencia de apelación. Tras analizar el caso, la Sala consideró que la sentencia impugnada se ajustaba a derecho y no incurrió en las violaciones alegadas por la parte recurrente. Por lo tanto, se declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto, sin condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión. La Sala enfatizó la importancia de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para la admisibilidad de este tipo de recursos.

Como se aprecia, para que proceda la admisibilidad de dicho medio excepcional de impugnación, se debe cumplir con los requerimientos formulados en el dispositivo legal reproducido en el párrafo precedente, a saber: 1) que se trate de sentencias proferidas por Juzgados Superiores Laborales; 2) que éstas no sean impugnables en casación y/o 3) que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral o procesal. Expuesto lo anterior, esta Sala de Casación Social pasa a estudiar el asunto: Señala la parte demandada o recurrente, que contra la sentencia del Juez de Primera Instancia, fue tempestivamente presentado recurso de apelación por la ciudadana Karen Beatriz Rodríguez, alegando un caso fortuito y fuerza mayor que le impidió asistir a la audiencia, en la cual correspondía la lectura del dispositivo del fallo, aduciendo problemas de salud que la llevó a recibir asistencia médica. Que en la celebración de la audiencia de apelación, la Alzada, luego de oír la exposición de la médico promovida por la parte apelante, solicitó prueba de informes al Hospital Adolfo Pons, con el fin de corroborar sus dichos, y aunque lo solicitado no le fue respondido al Tribunal conforme a lo expresamente señalado por la Alzada, la valoró como si fuera la única prueba que obrara en la causa. Entonces informa, que fundamentándose única y exclusivamente en dicha prueba, el Superior declaró con lugar la apelación, y ordenó la reposición de la causa al estado que el Tribunal de Primera Instancia de Juicio dicte dispositivo del fallo, sin tomar en consideración, que la parte actora se encontraba representada por trece (13) apoderados judiciales, tal como se evidencia de los folios 15, 16 y 661 del expediente, situación que era beneficiosa para la demandada, violando con ello normas de orden público, referidas al debido proceso y al derecho a la defensa.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, contra el fallo emitido por el Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha 30 de julio de 2009. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial ut supra identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, todo ello de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.