Sentencia N° 181 — Sala de Casación Social del TSJ, 15 de marzo de 2017

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, presidida por la Magistrada Marjorie Calderón Guerrero, decidió declarar sin lugar el recurso de casación interpuesto por el ciudadano Jesús Enrique Valera contra la sentencia del Juzgado Superior del Trabajo de Yaracuy, que había declarado sin lugar su demanda de cobro de prestaciones sociales. La Sala argumentó que el recurrente no logró demostrar la existencia de una relación laboral con la empresa demandada, Construcciones Serca C.A., y que las pruebas presentadas no eran suficientes para acreditar su pretensión.

La Sala observa: Según reiterada jurisprudencia de este Tribunal Supremo de Justicia, se presenta el vicio de inmotivación del fallo por silencio de pruebas, cuando el Juez omite toda mención de la existencia de un acta probatoria o cuando, aun señalando su existencia, se abstiene de analizarla y señalar el valor probatorio que le asigna. Esto es una consecuencia del deber que tiene el juez de valorar y apreciar todas las pruebas de conformidad con las reglas de la sana crítica, debiendo analizar y juzgar todas las que hayan sido promovidas y evacuadas en la oportunidad legal prevista para ello, aun aquellas que, a su juicio, no aporten ningún elemento de convicción sobre los hechos controvertidos en el proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 509 del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: Primero: SIN LUGAR el recurso de casación propuesto por la parte actora contra la decisión dictada por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, publicada el 29 de febrero de 2016; y, Segundo: se CONFIRMA la sentencia recurrida. Se condena en las costas del recurso a la parte actora recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.