Sentencia N° 1735 — Sala de Casación Social del TSJ, 2 de agosto de 2007

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por Hermes José Guillén Sayago contra la sentencia del Juzgado Superior Primero del Trabajo del Estado Zulia. El recurrente alegó violaciones a varios artículos de la Constitución y leyes laborales, argumentando que el juez no cumplió con la obligación de notificar a la Procuraduría General de la República y que la perención de la instancia no debía aplicarse en su caso debido a la suspensión de la causa por orden del juez. La Sala analizó los argumentos presentados y concluyó que la decisión impugnada se ajustaba a derecho, sin que se evidenciaran violaciones a normas de orden público ni a la doctrina jurisprudencial. Por lo tanto, se declaró inadmisible el recurso, enfatizando que el control de la legalidad no se ajustaba a los fines del mismo.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público y/o resulten contrarias a la reiterada doctrina de esta Sala, ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, se encuentra limitada la oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que sea publicada la sentencia sujeta a revisión, y a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste. En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos-formales señalados supra, pasa esta Sala de Casación Social a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, y al respecto observa: En el presente caso, denuncia el demandante recurrente la violación de los artículos 26, 49, 89 numeral 3, 93, 254, 257 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 5, 6, 8, 9 y 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; 5 y 59 de la Ley Orgánica del Trabajo y 94 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como de la reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional y de esta Sala de Casación Social. En este sentido, señala que el juzgador ad quem confirmó la perención de la instancia, pese a que el actor “realizó en tiempo oportuno todas las actuaciones necesarias y a su alcance para impulsar la presente causa”. Agrega el impugnante que al admitirse la demanda se ordenó la notificación de la Procuraduría General de la República, lo que fue ratificado en auto del 10 de junio de 2003 y constituye una obligación que el juez debe cumplir de oficio, conteste con lo afirmado por esta Sala en sentencias N 27 y 131 de fechas 5 de febrero de 2002 y 15 de marzo de 2005, respectivamente, y por la Sala Constitucional, en decisión Nº 2769 del 3 de diciembre de 2004. Asimismo, destaca que “no puede correr la perención contra aquel que se encuentra en la imposibilidad de obrar, a consecuencia de cualquier impedimento (…), como ocurre en la presente causa, la cual se encontraba suspendida por orden del juez, según el auto de abocamiento”.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de fecha 25 de mayo de 2006, emanada del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en la ciudad de Maracaibo. No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial arriba identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.