Sentencia N° 173 Casación Social TSJ 2001: José Antonio Carrasco vs C.V.G. Carbones DEL Orinoco, C.A. (C.V.G.…

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la acción por cobro de diferencias de prestaciones sociales, decidió casar de oficio la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y Contencioso Administrativo del Estado Bolívar. La decisión se fundamenta en la falta de notificación al Procurador General de la República, lo que constituye una infracción a la normativa vigente que protege los intereses patrimoniales del Estado. La Sala ordena reponer la causa al estado en que se practique la notificación correspondiente y se verifique la contestación al fondo de la demanda.

En el caso sub iudice, la empresa demandada es la sociedad mercantil C.V.G. Carbones del Orinoco, C.A. (C.V.G. CARBONORCA); el capital social de dicha empresa, según se desprende del artículo 4º de sus estatutos sociales, está conformado por acciones que pertenecen a un grupo de empresas de la Corporación Venezolana de Guayana, es decir, sociedades mercantiles en las cuales la Nación Venezolana tiene un interés patrimonial directo, en virtud de que la mencionada Corporación es administrada por el Estado. Ahora bien, el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, contiene la siguiente disposición: 'Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al Procurador General de la República de toda demanda, oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que, directa o indirectamente, obre contra los intereses patrimoniales de la República. Dichas notificaciones se harán por oficio y deberán ser acompañadas de copia certificada de todo lo que sea conducente para formar criterio del asunto. El Procurador General de la República deberá contestarlas en un término de noventa (90) días, vencido el cual se tendrá por notificado.' De la transcripción que antecede, se constata que la mencionada Ley sujeta a los funcionarios judiciales a la obligación de notificar al Procurador General de la República, de toda acción que vaya en contra de los intereses pecuniarios del Estado. Ello obedece, a la garantía del derecho a la defensa que se le debe asegurar a la República. En el caso objeto de estudio, se verifica al folio 22 que el Juez de la causa que conocía del presente asunto, suscribe oficio dirigido al Procurador General de la República, en donde le notifica de la presente acción; sin embargo, no se constata que dicho oficio haya sido recibido por su destinatario, en razón de que no se observa ningún sello de recibo de la Procuraduría General de la República, en consecuencia, no hay constancia de que se haya notificado a quien dirige el mencionado organismo.

En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, Menores y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 7 de febrero de 2001, en consecuencia, ANULA el mencionado fallo, y se repone la causa al estado ya mencionado anteriormente. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Accidental Primero de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil. Notifíquese la presente decisión al Juzgado Superior de origen.