Sentencia N° 164 — Sala de Casación Social del TSJ, 7 de marzo de 2016

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de control de la legalidad interpuesto por el ciudadano Jesús Arasme Rossy, en relación a una decisión del Juzgado Sexto Superior del Trabajo que declaró sin lugar un recurso de apelación. La Sala reiteró que el control de la legalidad es la vía para impugnar decisiones que violenten normas de orden público y que el recurso debe tener por objeto un fallo no susceptible de ser recurrido en casación. En este caso, se determinó que la demanda versaba sobre un beneficio de jubilación, lo que la hacía recurrible en casación, y por lo tanto, se declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad.

(Omissis) (…) aquellas demandas en las cuales se reclame el beneficio de jubilación, acción ésta mero-declarativa, no son estimables en dinero, dada su naturaleza; por lo tanto, aun y cuando se trate de un litisconsorcio activo en el cual se estimó una cuantía global, tal hecho no resulta trascendente, pues, cada una de las pretensiones, es recurrible en casación. En el presente caso, la demanda versa sobre un beneficio de jubilación solicitado por la actora, y constituye una pretensión de mera certeza que no es estimable en dinero, por lo que, en consecuencia, la sentencia impugnada es recurrible en casación, en virtud de lo que esta Sala debe declarar la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad ejercido, en virtud del incumplimiento de los requisitos establecidos en el citado artículo 178 de la ley adjetiva laboral. Así se declara.

Por las razones expuestas, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte actora, en contra de la mencionada sentencia dictada por el Juzgado Sexto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 14 de octubre de 2015. No hay condenatoria en costas, dada la índole de la presente decisión.