Sentencia N° 1622 — Sala de Casación Social del TSJ, 19 de diciembre de 2012

En el juicio de cobro de indemnización por enfermedad profesional, el Juzgado Segundo Superior del Trabajo declaró con lugar la apelación y la demanda, revocando la sentencia anterior. La parte demandada interpuso un recurso de control de la legalidad, alegando violaciones a normas de orden público. La Sala de Casación Social examinó los argumentos y determinó que la decisión recurrida no vulneró normas de orden público, por lo que declaró inadmisible el recurso. La sentencia se fundamenta en la potestad discrecional de la Sala para ejercer el control de la legalidad.

Esta Sala de Casación Social en decisión de fecha 12 de diciembre de 2002, expresó que “corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, la admisibilidad de dicho recurso, cuando se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público o la jurisprudencia reiterada de la Sala”. Por tanto, se refiere la Sala a que la admisibilidad del recurso se restringe a situaciones donde la violación o amenaza es de tal entidad, que resulte alterada la legalidad de la decisión o proceso sujeto a revisión. De allí, que se trate entonces, de violaciones categóricas del orden legal establecido, que en definitiva, transgredirían el Estado de Derecho, o de aquellas decisiones que contravengan la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala de Casación Social, pues, ésta se contrae fundamentalmente entre otras, a preservar la uniformidad de la jurisprudencia laboral.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto contra la sentencia de fecha 23 de octubre de 2012, dictada por el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas. No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión.