Sentencia N° 161 Casación Social TSJ 2000: Pedro Castillo Rojas vs Carlos Manuel Acero Martínez — Recurso de casación

La Sala de Casación Social, presidida por el Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, se pronunció sobre el recurso de casación interpuesto por Pedro Castillo Rojas contra la sentencia del Juzgado Superior Sexto Agrario, que declaró nula la Oferta Real y consiguiente Depósito. La Sala desestimó las denuncias de falta de motivación y de infracción de normas procesales, argumentando que la finalidad del proceso es la realización de la justicia y que la decisión del juez de alzada cumplió con los requisitos formales necesarios.

Nuestro texto constitucional propone que el proceso es un instrumento para realizar la justicia. Asumir que lo jurídico es social y que lo social es jurídico. En ese sentido, la finalidad última del proceso es la realización de la justicia solucionando los conflictos sociales y no la obtención de mandatos jurídicos que se convierten en meras formas procesales establecidas en las leyes sin dar satisfacción a la demanda social, quedando la justicia subordinada al proceso. Es por ello que corresponde a esta Sala de Casación Social, por expreso mandato constitucional, la realización de la justicia con fundamento en los siguientes principios expresamente establecidos en la vigente Constitución: Artículo 26. “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. Artículo 257. “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”. Al aplicar la Sala los transcritos principios constitucionales, se ve obligada a desestimar la presente denuncia de falta de síntesis de la controversia que, como bien señala el recurrente “es una formalidad de la sentencia”, la cual no es esencial a la finalidad del proceso, en este caso, realizar la justicia.

En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado por el ciudadano Pedro Castillo Rojas contra la sentencia emanada del Juzgado Superior Sexto Agrario, con sede en la ciudad de San Cristóbal, en fecha 17 de julio de 1997. De conformidad con los artículos 274 y 320 ambos del vigente Código de Procedimiento Civil, se le imponen las costas al recurrente. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juez de la causa, es decir, al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Particípese de esta remisión al Juzgado superior de origen, antes identificado, todo de conformidad con el artículo 326 del vigente Código de Procedimiento Civil.