Sentencia N° 1609 — Sala de Casación Social del TSJ, 17 de octubre de 2006

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por Roso Leonardo García Flores contra la sentencia del Juzgado Primero Superior del Trabajo. La demanda original fue estimada en cinco millones cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos veinticinco bolívares con noventa y nueve céntimos, pero el recurso fue presentado después de la fecha límite establecida por la Sala Constitucional, lo que llevó a la Sala a declarar inadmisible el recurso.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos casos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aun y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación. En el caso concreto, la demanda fue estimada en la cantidad de cinco millones cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos veinticinco bolívares con noventa y nueve céntimos (Bs. 5.424.625,99). Ahora bien, el recurso de control de la legalidad fue interpuesto el 20 de marzo de 2006, es decir, posterior al criterio establecido por la Sala Constitucional en sentencia N° 1573 de fecha 12 de julio de 2005, con carácter vinculante a partir de su publicación en la Gaceta Oficial N° 38.249 el 12 de agosto de 2005, la cuantía que debe tomarse en cuenta para los efectos de la interposición del recurso es la fijada para el momento de la interposición de la demanda. En consecuencia, al haberse intentado la demanda en fecha 16 de julio de 1998 y estimada la misma en la cantidad de cinco millones cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos veinticinco bolívares con noventa y nueve céntimos (Bs. 5.424.625,99), siendo que para el momento de su interposición la cuantía mínima requerida para acceder en casación en los juicios laborales era de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,00), en conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 1.029 de fecha 22 de enero de 1996, resulta forzoso para esta Sala declarar inadmisible el presente recurso de control de la legalidad, al tratarse de una sentencia recurrible en casación.

Por las razones antes expuestas este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada el 13 de marzo de 2006, por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo. Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Particípese esta decisión al Tribunal Superior de origen, en conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la citada Ley.