Sentencia N° 1591 — Sala de Casación Social del TSJ, 19 de julio de 2007

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de varios ciudadanos contra la decisión del Juzgado Cuarto Superior del Trabajo. La sentencia de alzada había declarado sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada y confirmó la decisión del Juzgado Tercero de Primera Instancia, que había declarado sin lugar la defensa de prescripción opuesta por la parte demandada y con lugar la demanda. La Sala declaró perecido el recurso de casación debido a la falta de formalización dentro del lapso legal establecido por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

El artículo 171 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dispone que “(...) será declarado perecido el recurso cuando la formalización no se presente en el lapso a que se contrae este artículo o cuando el escrito no cumpla con los requisitos exigidos (...)”. En este sentido, el lapso legal establecido para la presentación del escrito de formalización del recurso de casación que se interpusiera, es de 20 días consecutivos a partir del día siguiente al vencimiento de los 5 días hábiles que se dan para el anuncio del mismo. Respecto a la importancia de observar los requisitos formales que exige el legislador para el ejercicio del recurso extraordinario de casación, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, en sentencia N° 1803 del 24 de agosto de 2004 (caso: Carlos Brender) -mediante la cual declaró sin lugar el recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad intentado contra el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil, equivalente al segundo aparte del artículo 171 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo-, sostuvo lo siguiente: (...) uno de los principios rectores en materia adjetiva es el principio de la legalidad de las formas procesales, según el cual los actos procesales deben practicarse de acuerdo con las formas consagradas en el ordenamiento jurídico, para producir los efectos que la ley le atribuye (...); en este sentido, el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil dispone que ‘los actos procesales se realizarán en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales (...)’. Asimismo, si bien del artículo 257 constitucional deriva el principio antiformalista, según el cual no se sacrificará la justicia por formalismos inútiles, el mismo ‘no quiere decir que las formas procesales carezcan de significación en la ordenación del proceso, pues no puede dejarse al arbitrio de las partes ni su cumplimiento ni la decisión del momento en que van a cumplirlas’ (Cf. F. Garrido Falla, y otros: Comentarios a la Constitución, 3ª edición ampliada, Madrid, Civitas Edic., 2001, p. 539). Conforme con el referido principio procesal, el escrito de formalización del recurso de casación debe cumplir con las condiciones de modo, lugar y tiempo establecidas por la ley, cuya inobservancia comporta la ineficacia de dicho acto. En este orden de ideas, tal y como se expuso supra, la presentación extemporánea de la formalización debe equipararse a su ausencia, pues la intempestividad de dicho escrito evita que el mismo produzca los efectos que la ley le atribuye. Ello es coherente con el principio de la preclusión de los lapsos procesales, según el cual los actos deben practicarse dentro de los lapsos establecidos por la ley, para que produzcan sus efectos jurídicos, pues el proceso está dividido en etapas, y cada una de ellas implica la clausura de la anterior, sin posibilidad de renovarla. Por lo tanto, si la formalización no es consignada dentro del lapso legalmente previsto, la consecuencia será la perención del recurso, de conformidad con el artículo 325 de la ley procesal civil, sin que sea necesario abrir los lapsos siguientes.

En mérito de las consideraciones anteriores, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PERECIDO el recurso de casación anunciado por la representación judicial de los ciudadanos Dálida Janet Millán, Raima Romero García, Sebastiana Moreno de Farías, Israel Rasse Velásquez, Mercedes Rodríguez Haynes, Enrique Carmelo Mata Estanca, Alirio Argemis González Goitia, Norberto Rafael Uramiare, Enrique Subero, Ramón Zamora Hernández, José Simón Silveira Romero, Elio Santos Álvarez y Ramón Aníbal Cabello, contra la decisión del Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, publicada en fecha 31 de octubre de 2006. No hay condenatoria en costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Publíquese y regístrese. Particípese de esta decisión al Tribunal Superior de origen, de acuerdo con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.