Sentencia N° 156 — Sala de Casación Social del TSJ, 23 de mayo de 2025
TSJ/SCS, Sent. N° 156, Exp. 24-571, 23/05/2025
Expediente24-571
PonenteCARLOS ALEXIS CASTILLO ASCANIO
MateriaLaboral
Tipo de recursoControl de la legalidad
Fecha de la decisión2025-05-23
DecisiónADMITE
Resumen
El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, admite el recurso de control de la legalidad interpuesto por el ciudadano José Alberto Rodríguez contra la sentencia del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Miranda. La decisión se basa en la presunta violación de normas de orden público y el derecho a la defensa, al revocar una sentencia anterior que había declarado con lugar la demanda de prestaciones sociales. La Sala considera que existen motivos racionales para la interposición del recurso.
Extracto de la motiva
motivar su decisión. De igual manera, estará sujeto a multa el recurrente que interponga el recurso maliciosamente hasta un monto máximo equivalente a ciento veinticinco unidades tributarias (125 U T.), En este último caso, el auto será motivado. Si el recurrente no pagare la multa dentro del lapso de tres (3) días, sufrirá arresto en jefatura civil de quince (15) días. De la disposición legal transcrita, el control de la legalidad se erige como el medio recursivo a través del cual las partes pueden impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los tribunales superiores del trabajo que, no siendo recurribles en casación, vulneren o amenacen con IAJuriss.com | Base de Datos Jurídica de Venezuela | Página 2 de 6
Dispositiva
ADMITE el recurso de control de la legalidad ejercido por el apoderado judicial de la parte demandante, ciudadano JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ, contra la sentencia dictada el 25 de septiembre de 2024, por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en Guarenas.
Palabras clave
control de la legalidadjusticia laboralderecho a la defensadebido procesonormas de orden públicorecurso de apelaciónLey Orgánica Procesal del Trabajo