Sentencia N° 1542 — Sala de Casación Social del TSJ, 13 de diciembre de 2011

El Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por Tomás Miguel Lara Pina contra la decisión del Juzgado Primero Superior del Trabajo de Aragua. La Sala determinó que el recurso no cumplía con las exigencias establecidas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que la recurrente no especificó la violación de normas de orden público, lo que llevó a la declaratoria de inadmisibilidad del recurso. La decisión fue tomada en virtud de la naturaleza excepcional del recurso de control de la legalidad.

El recurso de control de la legalidad, no debe ser entendido como una nueva instancia, por tanto el recurso en cuestión se admitirá solo cuando existan graves indicios de la violación de preceptos de orden público. El control de la legalidad no se cristaliza de forma similar a la establecida para los recursos de gravamen o impugnación, diseñados para cuestionar la sentencia, para ese entonces, definitiva. El hecho configurador de este recurso no es el mero perjuicio, sino que, además, la indebida aplicación de una norma de orden público, un error grotesco en su interpretación o, sencillamente, su falta de aplicación, lo cual se justifica en el hecho de que en los recursos de gravamen o de impugnación existe una presunción de que los jueces en su actividad jurisdiccional, actúan como garantes primigenios del ordenamiento jurídico laboral, tanto sustantivo como adjetivo. De tal manera que, solo cuando esa presunción logra ser desvirtuada es que procede el control de la legalidad.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la actora contra la decisión dictada el 21 de septiembre de 2011, por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua. No hay condenatoria en costas en virtud de la índole de la decisión.