Sentencia N° 1487 — Sala de Casación Social del TSJ, 6 de octubre de 2009

En el juicio de cobro de acreencias laborales, el Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, revisó un recurso de control de la legalidad interpuesto por Eudomaro Enrique Pirela Medina contra la decisión del Juzgado Superior Segundo del Trabajo del Estado Zulia, que había declarado sin lugar su apelación. La Sala determinó que la decisión impugnada se ajustaba a derecho y no se evidenciaron violaciones a normas de orden público ni a la doctrina jurisprudencial de la Sala.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad, como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público y/o resulten contrarias a la reiterada doctrina de esta Sala; ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, se encuentra limitada la oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles, los cuales de conformidad con el artículo 165 eiusdem y según criterio plasmado en sentencia N° 569, emanada de esta Sala en fecha 29 de abril de 2008, caso: Maritza Margarita Antequera Nelo contra Promotora Millenium, C.A., comenzarán a transcurrir una vez vencido el lapso que la ley otorga para publicar la sentencia, y a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste. En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos- formales exigidos ut supra, pasa esta Sala de Casación Social a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, observando: Denuncia el impugnante que la recurrida viola los artículos 14 y 21 del Código de Procedimiento Civil, 5, 6 y 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo delata que contraría la jurisprudencia de esta Sala, a saber, lo señalado en la decisión 508 del 14 de marzo de 2006, (Caso: Douglas Domingo Guevara Lucena contra Ruta Desert Eagles, C.A. y otras) y lo sostenido en la sentencia N° 1089 del 22 de junio de 2001 proferida por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal; al no esperar las resultas de la prueba de informe requerida por esa representación judicial a la “ACADEMIA DE POLISUR”, señalando que era esa academia el “sitio de trabajo donde entraba y salía a prestar sus servicios el trabajador”. Por otra parte, alega que el juzgador de alzada quebrantó el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así como el principio de la comunidad de la prueba, en la valoración de la constancia de trabajo emitida en fecha 22 de noviembre de 2005, de la cual se solicitó su exhibición y se acompañó copia de la misma.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 28 de abril de 2009 por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial supra identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.