Sentencia N° 146 — Sala de Casación Social del TSJ, 2 de febrero de 2006

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de control de la legalidad interpuesto por el ciudadano José Rafael Salas Casiques, quien impugnó una decisión del Juzgado Primero Superior para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo del Estado Táchira. La sentencia de alzada había declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra una sentencia que había desestimado su demanda de cobro de prestaciones sociales.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece el control de la legalidad, como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales del Trabajo, que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público y/o la reiterada doctrina de esta Sala, ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, se encuentra limitada la oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la sentencia sujeta a revisión, y a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste. En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos- formales exigidos sub iudice, pasa esta Sala de Casación Social a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, observando: En el caso concreto, delata el impugnante que: “La sentencia no examinó ni apreció los hechos que demuestran la simulación de la Distribuidora Andrea 97 C.A., narrados en el libelo de demanda y plenamente probados. Violó de esa manera los derechos laborales del actor protegidos por los art. 89 y 92 de la Constitución. También la Seguridad Jurídica (sic) que establece el art. 141 de la misma (sic), al no someterse plenamente a la Ley (sic) y al derecho como ella lo ordena; y las que regulan el Debido Proceso (sic) y el Derecho a la Defensa (sic), establecidos en los artículos 49 y 257 ejusdem. También dejó de aplicar sentencias de esa Sala sobre casos semejantes. Señaló términos del libelo, de la contestación, de las pruebas y de la sentencia, que cotejándolos entre sí evidencian la violación de los derechos y garantías constitucionales, la Ley (sic) y la jurisprudencia de esa Sala para casos semejantes”.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte accionante, contra la sentencia emanada del Juzgado Primero Superior para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 22 de junio de 2005. No hay expresa condenatoria en costas del proceso, dada la naturaleza de la presente decisión.