Sentencia N° 1399 — Sala de Casación Social del TSJ, 24 de septiembre de 2009

La Sala Especial Agraria del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de nulidad interpuesto por Inversiones Camelamar, C.A. contra un acto administrativo del Instituto Nacional de Tierras que declaró ociosas unas tierras. La Sala revocó la sentencia del Juzgado Superior Quinto Agrario, que había declarado parcialmente con lugar el recurso, argumentando que el acto administrativo era de imposible ejecución debido a que las tierras en cuestión habían sido destinadas a un proyecto turístico. La decisión se fundamentó en la contradicción entre la vocación agraria y turística del terreno, concluyendo que el acto impugnado no debía ser revocado.

Como ya se dijo en el texto de esta decisión, la declaratoria de tierras ociosas o incultas tiene que realizarse en tierras con vocación de uso agrario y con la finalidad de transformarla en unidades económicas productivas. La declaratoria de tierras ociosas en consecuencia tendrá como desenlace quien (sic) la iniciación de un procedimiento de rescate, si las mismas son de origen público o bien el procedimiento de expropiación, si las mismas son de origen privado, pero para que no exista una incompetencia teleológica de la actividad desplegada, todas estas actuaciones deben estar insertas en la finalidad de transformar las tierras con vocación de uso agrario en unidades económicas productivas, pues de lo contrario se estaría desviando la finalidad para la cual se establecieron los procedimientos antes mencionados y que además tales actuaciones dirigidas a la transformación de esas tierras con vocación de uso agrario en unidades económicas productivas, debe encajar perfectamente en la declaración de principios que se hacen en el artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y que concuerda con los principios constitucionales que la rigen, en el sentido de que la finalidad de dicha ley, es establecer las bases del desarrollo rural, integral y sustentables, como medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario, con la justa distribución de las riquezas, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz general en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental agroalimentario de las presentes y futuras generaciones. En consecuencia cualquier acto que dicte la Administración Agraria, en materia de ociosidad de tierras, certificación de fincas productivas o mejorables, pero especialmente de rescate o de expropiación que no vaya dirigido a dar cumplimiento a los principios antes esbozados, estará desviado de su finalidad.

En virtud de las consideraciones anteriores, esta Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley REVOCA la sentencia sometida a consulta, dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas en fecha 29 de octubre de 2008; SIN LUGAR, el recurso contencioso administrativo de nulidad propuesto contra el acto de fecha 4 de septiembre de 2006, dictado por el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, en el cual se acordó la declaratoria de ociosidad del Fundo El Coco, ubicado en el Sector Aricagua-La Mira, Municipio Antolín del Campo, estado Nueva Esparta.