Sentencia N° 1392 — Sala de Casación Social del TSJ, 9 de agosto de 2006

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 09 de agosto de 2006, declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por Leonel Oswaldo Sánchez Ceballo contra la sentencia del 2 de marzo de 2006 del Juzgado Superior Accidental del Trabajo. La Sala argumentó que el recurso no cumplía con los requisitos de admisibilidad establecidos por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en particular en relación a la cuantía y la naturaleza extraordinaria del recurso.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo contempla el recurso de control de la legalidad como un medio de impugnación excepcional, al establecer que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aun cuando no sean recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar normas de orden público, o contraríen la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala, circunstancias que configuran algunos de los requisitos de admisibilidad de dicho recurso. Además, la admisión del recurso in commento exige verificar que el mismo haya sido interpuesto mediante escrito cuya extensión no debe ser mayor de tres (3) folios útiles y sus vueltos, así como su tempestividad, por cuanto la referida norma establece para su interposición, el lapso preclusivo de cinco (5) días de despacho a partir de la fecha en que se publicó la sentencia sujeta a revisión.

En mérito de las consideraciones anteriores, esta Sala de Casación Social Accidental del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial del ciudadano Leonel Oswaldo Sánchez Ceballo, contra la sentencia del 2 de marzo de 2006, dictada por el Juzgado Superior Accidental del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro, con sede en Tucupita. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión.