Sentencia N° 1359 — Sala de Casación Social del TSJ, 12 de agosto de 2014

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia decide sobre el recurso contencioso administrativo interpuesto por la sociedad mercantil INDUSTRIAS RRC, C.A. contra la providencia administrativa del INPSASEL que declaró una discapacidad parcial y permanente de una trabajadora. La Sala concluye que el recurso de apelación es improcedente, ya que el juzgado inferior actuó correctamente al declarar inadmisible la prueba de exhibición solicitada por la parte recurrente, considerando que dicha prueba fue promovida de manera ilegal.

Corresponde a esta Sala resolver el recurso de apelación ejercido por la empresa INDUSTRIAS RRC, C.A., contra la decisión emitida el 16 de diciembre de 2013, el Juzgado Segundo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual negó la admisión de la prueba de exhibición promovida por la prenombrada empresa, por considerar que la manera en que fue peticionada es ilegal. Determinado lo anterior, se observa que el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa dispone, en su encabezado, que una vez promovidas las pruebas, el tribunal admitirá aquellas que no sean manifiestamente ilegales, impertinentes o inconducentes. En consecuencia, la regla es la admisión de las pruebas, y ello sólo puede ser negado –de forma motivada– en los casos contemplados expresamente por el legislador; en este sentido, este máximo Tribunal ha sostenido: (…) la providencia o auto interlocutorio a través del cual el Juez se pronuncia sobre la admisión de las pruebas promovidas, es el resultado del juicio analítico efectuado por él respecto de las condiciones de admisibilidad que han de reunir las pruebas que fueran promovidas, es decir, de las reglas de admisión de los medios de pruebas contemplados en el Código de Procedimiento Civil, atinentes ellas a las de su legalidad y las de su pertinencia; ello porque sólo será en la sentencia definitiva cuando el Juez de la causa pueda apreciar, al valorar la prueba y establecer los hechos, si su resultado incide o no en la decisión que ha de dictar respecto de la legalidad del acto impugnado.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación instaurado por la sociedad mercantil INDUSTRIAS RRC, C.A., contra la sentencia de fecha 16 de diciembre de 2013, emanada del Juzgado Segundo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas; SEGUNDO: FIRME el fallo recurrido. Se condena en costas a la parte recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, cuya aplicación supletoria deriva del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.