Sentencia N° 1353 — Sala de Casación Social del TSJ, 19 de junio de 2007

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por Miguel José Hidalgo García contra la decisión del Juzgado Segundo Superior del Trabajo de Anzoátegui. La Sala argumentó que la decisión recurrida no violó normas de orden público laboral y que no se incurrió en violaciones que transgredieran el Estado de Derecho. Por lo tanto, se declaró inadmisible el recurso interpuesto.

Alega el recurrente que la decisión recurrida violó normas de orden público laboral, contraviniendo lo establecido en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al dejar en un total estado de indefensión al actor, por no valorar los errores y fallas que adolece el acta de juicio, pues no consideró, subsanó ni restituyó el orden jurídico infringido, lo cual luego de un análisis exhaustivo de la sentencia recurrida, y de los términos en que fue decidida la controversia, observa la Sala que el Juez no incurrió en violación de las normas denunciadas que en definitiva transgredirían el Estado de Derecho, razón por la cual la recurrida no incurre en violaciones del orden legal establecido, motivo por el cual se declara inadmisible el recurso interpuesto.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto contra la decisión dictada por el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 9 de abril de 2007. No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente a Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, a los fines de que sea enviado al Juzgado correspondiente. Particípese esta decisión al Tribunal Superior de origen, en conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.