Sentencia N° 127 — Sala de Casación Social del TSJ, 13 de febrero de 2023

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de competencia en un juicio de liquidación y partición de comunidad conyugal. Se identificó un error material en la sentencia anterior, donde se confundieron los números de cédula de identidad de las partes. La Sala declaró competente al Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario del estado Apure para conocer y decidir la demanda incoada por el ciudadano DEIBIS ROMÁN HERNÁNDEZ POLANCO contra la ciudadana LORENA ANDREINA FLORES CAMACHO.

En este orden de ideas, la Sala Constitucional se ha pronunciado al respecto en relación a las ampliaciones, aclaratoria y modificaciones que obedezcan a errores materiales en decisión N° 649 de fecha 1° de junio de 2015, la cual estableció al respecto lo siguiente: Ahora bien, efectivamente el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil dispone que “después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla o reformarla el tribunal que la haya pronunciado. Sin embargo, el Tribunal podrá a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos, que aparecieron de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente. En este sentido, considera la Sala preciso recordar lo expresado al respecto por la doctrina y jurisprudencia nacionales, de que la posibilidad de aclarar o ampliar la sentencia, tiene como propósito la de rectificar los errores materiales dudas u omisiones, que se hayan podido cometer en el fallo. Pero, con la advertencia, de que la facultad no se extiende hasta la revocatoria o reforma de éste, sino a corregir las imperfecciones, que le resten claridad a sus declaraciones. En consecuencia, la posibilidad de hacer aclaratorias o ampliaciones de las decisiones judiciales está limitada a exponer con mayor precisión algún aspecto del fallo que haya quedado ambiguo u oscuro, bien porque no esté claro su alcance en un punto determinado de la sentencia (aclaratoria); o bien, porque se haya dejado de resolver un pedimento (ampliación). Además, la aclaratoria permite corregir los errores materiales en que haya podido incurrir la sentencia (errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos). (Vid. sentencia N° 3243/02; caso: María Concepción Aponte y otros). (…) De lo anterior se concluye, en primer lugar, la imposibilidad de que el tribunal revoque o reforme su propia decisión -sea definitiva o interlocutoria sujeta a apelación- lo cual responde a los principios de seguridad jurídica y de estabilidad e inmutabilidad de las decisiones judiciales. Sin embargo, ciertas correcciones, en relación con el fallo que haya sido dictado, sí le son permitidas al tribunal, por cuanto no vulneran los principios antes mencionados, sino, por el contrario, permiten una eficaz ejecución de lo decidido, tal y como lo efectuó esta Sala Constitucional en oportunidades anteriores (vid. sentencia N° 566/00 caso: Spirydon Makrynioti). Ello responde al mandato contenido en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, según el cual: “El Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión…”. (Cursivas del extracto). Conforme a lo anterior, se prevé la posibilidad de efectuar correcciones materiales en las sentencias una vez publicadas, siempre y cuando no se altere o reforme su contenido. En el caso bajo análisis se constata la existencia de un error material en la identificación de las partes que amerita su corrección.

PRIMERO: COMPETENTE: para conocer y decidir la regulación oficiosa de competencia planteada. SEGUNDO: se declara COMPETENTE: Al Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure para conocer y decidir la demanda incoada por el ciudadano DEIBIS ROMÁN HERNÁNDEZ POLANCO, contra la ciudadana LORENA ANDREINA FLORES CAMACHO.