Sentencia N° 1253 — Sala de Casación Social del TSJ, 9 de noviembre de 2012

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre un recurso de apelación interpuesto por la sociedad mercantil Transporte y Comunicaciones Banvenez, C.A. contra una sentencia del Tribunal Superior Primero del Trabajo que declaró improcedentes un amparo cautelar y una medida de suspensión de efectos. La Sala determinó su competencia para conocer el recurso, dado que la acción de amparo fue ejercida conjuntamente con un recurso contencioso administrativo de nulidad. Finalmente, la Sala declaró sin lugar el recurso de apelación, condenando en costas a la parte apelante.

La Sala observa que se intentó un recurso de nulidad con amparo cautelar contra la Providencia Administrativa nº 227-01 que dictó, el 18 de diciembre de 2001, la Inspectoría del Trabajo del Distrito Federal. Al respecto, y en lo que se refiere a la competencia de la Sala, se ha establecido lo siguiente: ‘Las acciones de amparo incoadas conjuntamente con los procesos de nulidad son conocidas por los Tribunales competentes para la nulidad, es decir, por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. Tales tribunales, si son Superiores, son a su vez competentes para conocer las apelaciones y las consultas que se dicten en los amparos a tramitarse conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Consecuencia de lo anterior, es que la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, sería la competente para conocer de las apelaciones y consultas de los amparos que sean dictados de manera cautelar por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.'

En mérito de las anteriores consideraciones, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de apelación intentado por la representación judicial de la sociedad mercantil Transporte y Comunicaciones Banvenez C.A., contra la sentencia dictada el 31 de octubre de 2011, por el Tribunal Superior Primero del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Se condena en costas a la parte apelante.