Sentencia N° 1208 — Sala de Casación Social del TSJ, 8 de diciembre de 2017

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada el 8 de diciembre de 2017, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la ciudadana Graice Carolina Alonzo Alonzo contra la sentencia del Juzgado Superior Primero del Trabajo del Estado Vargas. La decisión se fundamenta en que la cuantía exigida para la admisión del recurso no fue satisfecha, ya que la actora cuantificó su pretensión en un monto inferior al mínimo requerido por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En uso de la facultad que asiste a este máximo Tribunal, de ser el que en definitiva deba pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación, no obstante haberlo admitido la instancia, cuando observare de oficio o a petición de parte que el mismo ha sido admitido violando los preceptos legales que regulan la materia, esta Sala observa lo siguiente: Con relación a las decisiones que en materia laboral son recurribles en casación, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 167, dispone lo siguiente: Artículo 167. El recurso de casación puede proponerse: 1. Contra las sentencias de segunda instancia que pongan fin al proceso, cuyo interés principal exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.). En este sentido, es menester destacar que la Sala Constitucional de este máximo Tribunal, en sentencia nº 1.573 del 12 de julio de 2005 (caso: Carbonell Thielsen, C.A.), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 38.249 del 8 de agosto de 2005, estableció criterio vinculante respecto a la cuantía exigible para acceder al recurso de casación, fijando que es la vigente para el momento de interposición de la demanda y si la misma está expresada en unidades tributarias, deberá considerarse el valor de estas para la fecha de presentación del escrito libelar, lo cual fue acogido por esta Sala en la decisión n° 580 del 4 de abril de 2006 (caso: Fernando Leal y otros contra Servicios Técnicos Mecánicos, C.A.), en la que se establecieron los parámetros a seguir en las vías recursivas previstas en el proceso laboral, esto es, los recursos de casación y de control de la legalidad, a tenor de lo siguiente: (…) el nuevo criterio sobre la cuantía que ha de examinarse para admitir o no el recurso de casación, debe aplicarse de acuerdo con la fecha en que se ejerza el medio recursivo correspondiente, de tal manera, que los recursos que hayan sido interpuestos antes del 12 de agosto de 2005 –fecha de publicación en Gaceta Oficial de la citada sentencia de la Sala Constitucional, deberán decidirse conforme con el criterio entonces imperante; por el contrario, el nuevo criterio será aplicable para aquellos interpuestos con posterioridad a la fecha supra indicada (12 de agosto de 2005). Así, cónsono con el criterio antes citado, en la causa sub examine la cuantía para acceder a la sede casacional debe ser establecida de acuerdo con la exigida para el momento de interposición de la demanda, lo que ocurrió el 26 de septiembre de 2012 (Vid. folio 09 de la primera pieza del expediente). Por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 167 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al exigirse como cuantía mínima para la admisión del recurso in commento 3.000 Unidades Tributarias (U.T.), la cual estaba fijada para la fecha de la presentación del escrito de la demanda, en Bs. 90.000,00 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 39.866 de 6 de febrero de 2012).

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley declara: PRIMERO: INADMISIBLE el recurso de casación ejercido por la parte actora, ciudadana GRAICE CAROLINA ALONZO ALONZO contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, el 28 de abril de 2017; SEGUNDO: SE ANULA el auto de admisión del recurso de casación, dictado el 9 de mayo de 2017, por el referido Juzgado. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del presente fallo.