Sentencia N° 119 Casación Social TSJ 2001: RAFAEL ÁNGEL MEYER SANABRIA y AÍDA JOSEFINA… vs OCTÁGONO INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES…

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia conoce del conflicto de competencia en una querella interdictal restitutoria por despojo. Los ciudadanos Rafael Ángel Meyer Sanabria y Aída Josefina Gutiérrez Flores, actuando por sus propios derechos, plantean la cuestión de competencia tras ser declarados incompetentes por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Caracas, quien declinó el conocimiento al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente. Este último también se declaró incompetente, argumentando que la naturaleza del derecho en cuestión no se relaciona con la protección de menores, sino que involucra a personas mayores de edad con plena capacidad jurídica.

Considera esta Sala de Casación Social que las causas de naturaleza civil reguladas por la Ley de Protección bajo estudio, corresponden a la jurisdicción civil ordinaria, pues es ésta quien tiene atribuida la competencia material general; y en todo caso la competencia tanto material como funcional conferida a los Juzgados de Protección, viene a configurar una competencia especial dentro de la Jurisdicción Civil Ordinaria, y en la cual, cuando exista la necesidad jurisdiccional de proteger los derechos y garantías que directamente afecten a los sujetos tutelados, es decir, niños y adolescentes, efectivamente corresponderá en virtud del fuero de atracción personal, el conocimiento de los asuntos propios sometidos al conocimiento de los Juzgados de Protección, que están previstos en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Por el contrario en las acciones de naturaleza civil comprendidas también en la jurisdicción ordinaria, reguladas por el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, donde las partes sean personas mayores de edad y existan involucrados indirectamente niños y adolescentes, la competencia corresponde a los Tribunales Civiles, que son órganos especializados y en consecuencia, tal situación no obsta para que se protejan los intereses de los menores, en aplicación de los principios y derechos tanto constitucionales como legales para ellos atribuidos.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara competente para conocer de la mencionada solicitud, al JUZGADO DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Notifíquese de la presente decisión al Juzgado de origen, es decir, al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Sala de Juicio VIII.