Sentencia N° 1186 — Sala de Casación Social del TSJ, 17 de julio de 2008

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por las ciudadanas Mercedes Torres de Pirela y Yomer Olivares contra la Alcaldía del Municipio Miranda del Estado Zulia. La decisión se basa en la falta de violación de normas de orden público y la correcta fijación de la audiencia de apelación por parte del Juez de alzada. La Sala concluyó que no se evidenció la transgresión del principio de legalidad de los actos procesales.

En el caso que nos ocupa denuncia el reclamante que la recurrida violó normas de orden público, concretamente el principio de la legalidad de los actos procesales previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; y, la jurisprudencia de esta Sala, sentada en la sentencia N° 1463 de fecha 1° de noviembre de 2005, porque el Juez de alzada no determinó en forma clara la oportunidad en la cual debía celebrarse la audiencia de apelación. Así pues, de una revisión de los alegatos planteados en el presente recurso, de la sentencia recurrida y de los autos a que se refiere el recurrente, no advierte la Sala que la recurrida haya violado el principio de la legalidad de los actos ni la jurisprudencia establecida al respecto, porque la fijación de la audiencia de apelación se realizó en la forma prevista para ello en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia publicada el 20 de mayo de 2008, dictada por el Juzgado Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión.