Sentencia N° 1127 — Sala de Casación Social del TSJ, 20 de octubre de 2011

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por Eduardo Elías Rodríguez Rodríguez contra la sentencia del Juzgado Superior Noveno del Trabajo. El recurrente alegó que existió una relación laboral con la Alcaldía del Municipio Sucre, argumentando que se le debieron reconocer derechos laborales similares a otros abogados externos. Sin embargo, la Sala determinó que la decisión impugnada no contraviene normas de orden público y que el recurso no se ajusta a los fines establecidos, declarando su inadmisibilidad.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, la oportunidad para interponer el referido recurso se encuentra limitada a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles, una vez vencido el lapso que otorga la ley para la publicación de la sentencia in extenso, conteste con el artículo 165 eiusdem y el criterio establecido en sentencia N° 569 del 29 de abril de 2008 (caso: Maritza Margarita Antequera Nelo contra Promotora Milenium, C.A.); y deberá hacerse a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste. En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos-formales señalados ut supra, pasa esta Sala de Casación Social a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, y a tal efecto observa: Denuncia el impugnante la contravención de la doctrina de esta Sala concerniente a los elementos característicos de la relación laboral, sentada en sentencia N° 489 del 13 de agosto de 2002. Según afirma, entre él y la demandada existió una relación “idéntica” a la sostenida con otras personas a quienes se les han reconocido sus derechos laborales, aunado a que “la remuneración pactada denota de forma clara la diferencia entre lo que pudiese considerarse una relación laboral con una relación civil”. Agrega que, más allá de la representación que el actor ejercía de la parte accionada, los jueces de instancia no analizaron cada una de las labores que se le encomendaban “para el establecimiento de la remuneración circunstancia esta contemplada taxativamente en la Ley de Abogados y en el Reglamento de Honorarios Mínimos de Abogados”. Además, en el curso de la causa siempre alegó el levantamiento del velo corporativo, porque mediante los contratos suscritos entre él y la demandada, sólo se intentó ocultar la naturaleza de la relación jurídica.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por el demandante, contra la sentencia de fecha 7 de febrero de 2011, emanada del Juzgado Superior Noveno del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. No hay condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial supra identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.