Sentencia N° 1121 — Sala de Casación Social del TSJ, 8 de julio de 2009

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de legalidad interpuesto por MARI MERCEDES GÓMEZ GUTIÉRREZ contra la sentencia del Juzgado Cuarto Superior del Trabajo. La Sala analizó los alegatos del recurrente, quien alegó violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso, pero concluyó que la Juez de alzada había valorado adecuadamente las pruebas presentadas. Por lo tanto, se declaró inadmisible el recurso.

En el caso sub examine denuncia el recurrente que la recurrida violó el derecho a la defensa, al debido proceso y la tutela judicial efectiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque a pesar de que le otorgó valor probatorio a la Providencia Administrativa, que declaró con lugar la calificación de despido y ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos a la actora, dejó de apreciar algunas pruebas consignadas en autos, tales como, Actas de Asambleas Extraordinarias de la demandada, participación de despido, constancia de trabajo, entre otras, bajo el argumento de que tales medios probatorios en nada contribuirían para esclarecer los hechos controvertidos en el proceso. Al respecto, de una revisión de los alegatos planteados en el presente recurso y de la sentencia recurrida, observa la Sala que la Juez de alzada analizó el material probatorio, consignado en autos, y valoró las pruebas que, en su criterio, de acuerdo con los hechos alegados, por las partes, le permitieron establecer los hechos controvertidos en juicio y decidir la controversia sometida a su consideración, motivo por el cual se declara inadmisible el recurso interpuesto.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia publicada el 30 de abril de 2009, dictada por el Juzgado Cuarto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión.