Sentencia N° 110 — Sala de Casación Social del TSJ, 23 de febrero de 2010

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 23 de febrero de 2010, declara admisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por los codemandantes en un juicio de cobro de cesta tickets. La controversia se origina por la falta de pago de estos beneficios desde 1999 hasta 2004, alegando la empresa demandada que la base de cálculo era el salario integral y no el salario mínimo de la época. La Sala analiza las violaciones a los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas de orden público en la decisión del juzgado inferior.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad, como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público; ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, se encuentra limitada la oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles, los cuales de conformidad con el artículo 165 eiusdem y según criterio plasmado en sentencia N° 569, emanada de esta Sala en fecha 29 de abril de 2008, caso: Maritza Margarita Antequera Nelo contra Promotora Millenium, C.A., comenzarán a transcurrir una vez vencido el lapso que la ley otorga para publicar la sentencia, y a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste. En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos-formales exigidos ut supra, pasa esta Sala de Casación Social, a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, y al respecto observa: Denuncian los impugnantes la violación de los artículos 89 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 5 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En ese orden de ideas, arguyen que la empresa accionada no pagó los cesta tickets desde el año 1999 hasta el año 2004, “aduciendo que la base de cálculo era el salario INTEGRAL Y NO EL SALARIO MÍNIMO DE LA ÉPOCA”. Por otra parte, alegan que la violación del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se produce cuando: “EL TRIBUNAL CERCENÓ, VIOLÓ LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES ADUCIENDO HECHOS DE INSPECTORÍAS DE OTRAS JURISDICCIONES”. Asimismo manifiestan que se transgreden los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al no apreciar los jueces de instancias “todas las pruebas según la sana crítica.” a su entender, se tomó en consideración “UNA DECISIÓN DE UNA INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE CIUDAD BOLÍVAR NO PUEDE SER MÁS IMPORTANTE QUE LA LEY DE ALIMENTACIÓN”.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara ADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por los codemandantes, contra la sentencia de fecha 14 de abril de 2009, dictada por el Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, a partir del día siguiente a la publicación del presente auto comenzará a correr un lapso de veinte (20) días calendarios consecutivos, para que la parte demandada pueda consignar la contestación al recurso. Una vez concluida la sustanciación, la Sala fijará el día y la hora para que tenga lugar la audiencia pública y contradictoria. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.