Sentencia N° 1069 — Sala de Casación Social del TSJ, 12 de noviembre de 2013

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, se pronunció sobre un recurso de control de la legalidad interpuesto por la ciudadana Yajaira Coromoto García Romero contra una sentencia del Juzgado Segundo Superior del Trabajo. La decisión del tribunal inferior había declarado con lugar la apelación de la parte demandada, revocando una sentencia anterior que había declarado parcialmente con lugar la demanda de cobro de diferencias de prestaciones sociales. El tribunal determinó que la cuantía de la demanda excedía el monto mínimo requerido para la admisibilidad del recurso de casación, pero a pesar de ello, declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad, argumentando que no se cumplían los requisitos establecidos por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En consecuencia, se decidió no condenar en costas dada la naturaleza de la decisión. Finalmente, se ordenó la remisión del expediente al Juzgado Superior de origen, conforme a lo dispuesto en la ley.

En este caso la cuantía individual de la pretensión estimada en la cantidad de doscientos sesenta y seis mil trescientos treinta bolívares fuertes con cincuenta y cinco céntimos (Bs.F. 266.330,55) excede la cantidad de doscientos veintiocho mil bolívares fuertes (Bs.F. 228.000,00) equivalente a 3.000 unidades tributarias vigentes para el momento de interposición de la demanda (18 de octubre de 2011), razón por la cual, la sentencia es recurrible en casación, y en consecuencia, se declara inadmisible el recurso de control de la legalidad. Así se decide.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha 9 de abril de 2013, dictada por el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión.