Sentencia N° 102 — Sala de Casación Social del TSJ, 23 de febrero de 2017

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 23 de febrero de 2017, declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del Juzgado Superior Primero del Trabajo de Zulia, que había declarado con lugar el recurso de apelación de la parte actora. La Sala confirmó la decisión del juzgado inferior, que había establecido la procedencia de la indemnización por incapacidad total y permanente del trabajador, derivada de una enfermedad ocupacional.

La representación judicial de la parte formalizante denuncia la falsa aplicación del numeral 3 del artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de 2005, aplicable en razón del tiempo. Según las alegaciones de la recurrente, el ad quem incurrió en el referido vicio al declarar la procedencia de la indemnización establecida en la citada norma, aplicable solamente para aquellos casos en que se haya determinado la responsabilidad subjetiva del patrono. Según aduce la recurrente, la certificación del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) “no determina ni señala, las conductas del patrono o los incumplimientos a las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, que habrían ocasionado la enfermedad padecida por el trabajador, no demostrándose la existencia de condiciones inseguras en el trabajo, que hayan dado origen a la enfermedad ocupacional alegada (…) que conlleven a la responsabilidad subjetiva reclamada.

Declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado por la parte demandada contra la sentencia en fecha 5 de abril del año 2016 del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. CONFIRMA el fallo recurrido mediante la cual declaró parcialmente con lugar la acción incoada. Se condena en costas del recurso a la demandada de conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.