Sentencia N° 102 Casación Social TSJ 2001: Mariela Mantilla Mantilla vs Betty Sanguino Pérez — Competencia en proceso por cobro…

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto negativo de competencia en un proceso por cobro de prestaciones sociales. El Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Agrario del Estado Táchira se declaró incompetente, argumentando que la demandante, Mariela Mantilla, era funcionaria pública, lo que fue rechazado por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo. La Sala determinó que la relación laboral era de naturaleza contractual y no estatutaria, por lo que la competencia correspondía a los tribunales del trabajo.

En relación con los empleados contratados que prestan su servicio a un ente público, esta Sala en un procedimiento por calificación de despido y cobro de salarios caídos seguido por el ciudadano Carlos Alberto Jota Pérez, contra la Alcaldía del Municipio Barinas, la Sala en auto de fecha 22 de marzo de 2001, expresó que: “(...), la doctrina patria ha coincidido en afirmar que la Administración puede valerse de los contratos para obtener determinados servicios que por la naturaleza de la acción requerida sea limitada en el tiempo y circunscrita a determinadas tareas, caso en el cual no se le considera a los trabajadores como funcionarios públicos y por tanto el régimen aplicable es la Ley Orgánica del Trabajo y no el de carrera administrativa”. Conforme a los fundamentos antes expuestos, resulta clara e inequívoca la distinción entre las relaciones estatutarias y las contractuales. En virtud del estatuto, el funcionario ingresa a la Administración mediante un nombramiento y se incorpora a un régimen pre-existente, “de carácter general, objetivo e impersonal”, dictado por el Estado para establecer las condiciones de ejercicio de los diversos cargos de la administración. Por el contrario, las relaciones contractuales son de carácter subjetivo y personal, bilateralmente establecidas, con duración determinada entre el trabajador y el patrono, sea éste un particular o un ente de carácter público.

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara COMPETENTE para conocer del proceso por cobro de prestaciones sociales iniciado por la ciudadana MARIELA MANTILLA MANTILLA, contra la ciudadana BETTY SANGUINO PÉREZ, Registradora Subalterna de los Municipios Panamericano, Samuel Darío Maldonado y Simón Rodríguez del Estado Táchira, al JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, CON SEDE EN SAN CRISTÓBAL.