Sentencia N° 1013 — Sala de Casación Social del TSJ, 6 de noviembre de 2013

El Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala de Casación Social, se pronunció sobre un recurso de control de la legalidad interpuesto por Gabriela del Valle García Tocuyo contra una decisión del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Monagas. La Sala analizó los argumentos presentados por la parte recurrente, quienes denunciaron violaciones a la jurisprudencia y a normas procesales en la sentencia impugnada. Sin embargo, tras el análisis, la Sala concluyó que la decisión del tribunal inferior se ajustaba a derecho y no se evidenció ninguna violación de normas de orden público.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad, como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público; ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, se encuentra limitada la oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles, los cuales de conformidad con el artículo 165 eiusdem y según criterio plasmado en sentencia N° 569, emanada de esta Sala en fecha 29 de abril de 2008, caso: Maritza Margarita Antequera Nelo contra Promotora Millenium, C.A., comenzarán a transcurrir una vez vencido el lapso que la ley otorga para publicar la sentencia, y a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste. En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos- formales exigidos sub iudice, pasa esta Sala de Casación Social a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, observando: Denuncia la impugnante que la sentencia “viola la jurisprudencia reiterada de la Sala (…) ya que descontó adelantos de antigüedad ilegales”. Por otra parte, con fundamento en el numeral 3) del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia la infracción del artículo 10 y 82 eiusdem, en concordancia con los artículos 472 del Código de Procedimiento Civil, asimismo denuncia la motivación contradictoria, “toda vez que el sentenciador de Alzada confirmo (sic) la desestimación hecha por el a quo” de las testimoniales de los ciudadanos Maidely Valero y Luis Villarroel, la cual la sustentó “bajo el parámetro de contradicción, lo cual es una argumentación falaz distorsionadora de la realidad; adicionalmente señala que “no aplicó la consecuencia jurídica a la falta de exhibición de los Libros necesarios y obligatorios que el patrono debe exhibir en juicio, como lo son el registro, control y asistencia diaria de personal”. Igualmente denuncia que no se valoró el contenido probatorio de la inspección judicial que fue evacuada en la audiencia de juicio.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 19 de marzo de 2013. No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial arriba identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.