Sentencia N° 958 Casación Penal TSJ 2000: Jose Alberto Vasquez Castellanos — Recurso de casación en caso de homicidio

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de casación interpuesto por el Defensor Público en contra de una sentencia condenatoria por homicidio. El recurrente alegó errores en la calificación jurídica de los delitos y en la apreciación de las pruebas presentadas. La Sala admitió parcialmente las denuncias relacionadas con la errónea aplicación de la ley y la apreciación de la prueba, convocando a una audiencia oral y pública para continuar con el proceso.

Esta Sala considera, que a pesar de lo complicada y confusa de la denuncia, se pueden establecer, en primer lugar, dos motivos de casación expresamente establecidos en el artículo 454, que son, la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal, por error de derecho en la calificación del delito, relativa a la Juez Presidente y la errónea apreciación de la prueba realizada, que evidencia una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, relativa al jurado, además se denuncia, la falta de aplicación de los artículos 62 y 63 del Código Penal, infracción que no puede ser denunciada en casación contra una sentencia dictada por un Tribunal de Jurados y la violación del artículo 352 del Código Orgánico Procesal Penal la cual erróneamente basa en el ordinal 10° del artículo 331 del Código de Enjuiciamiento Criminal derogado.

Por la razones expuestas este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley DECLARA ADMISIBLE la denuncia referida a la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal, por error de derecho en la calificación del delito, relativa a la Juez Presidente y la denuncia referida a la errónea apreciación de la prueba realizada, que evidencia una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, relativa al jurado, fundamentadas por el Defensor Público Décimo Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, y en consecuencia CONVOCA a una audiencia oral y pública que deberá celebrarse dentro de un plazo no menor de quince (15) días ni mayor de treinta (30); y DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADAS las restantes denuncias fundamentadas por el mencionado funcionario.