Sentencia N° 907 Casación Penal TSJ 2000: Fiscal Tercero del Ministerio Público — Absolución en delitos de ocultamiento y…

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Fiscal Tercero del Ministerio Público, en relación a las sentencias absolutorias de varios procesados por delitos de ocultamiento y encubrimiento de capitales. La Sala observa que el fallo impugnado adolece de falta de motivación, ya que no analizó ni comparó adecuadamente las pruebas presentadas, lo que llevó a una conclusión arbitraria y a la nulidad del fallo recurrido.

De la lectura del fallo impugnado se verifica que son ciertas las imputaciones que le hace el formalizante, cuando le atribuye falta de motivación. En efecto, la recurrida no analizó ni comparó las siguientes pruebas: Acta Policial e Informe de Investigación referido al caso “Los Españoles”, que hacen referencia al dicho de los ciudadanos JUAN CARLOS SANDOVAL NAVAS, ROSA CORINA BLANCO, LUIS RAFAEL CENTENO y JOSÉ EMISAEL DURÁN, que involucran a los procesados JOSÉ BLANCO FERNÁNDEZ, ARMANDO MÁRQUEZ BELTRÁN, SARA JESUSITA ORTEGA y MANUEL FURIO VECCHIO, como integrantes de un grupo dedicado a legitimar capitales provenientes del tráfico de drogas, en el referido informe también se mencionan los antecedentes de los procesados BLANCO FERNÁNDEZ y ARMANDO MÀRQUEZ BELTRÁN, y al envío por parte de BLANCO FERNÁNDEZ de grandes cantidades de droga a España, donde el cargamento es recibido por su hermano. En cuanto a la comunicación emanada del Agregado Policial de la Embajada de España en Venezuela al Jefe de la División de Análisis del Comando Nacional Anti-Drogas de la Guardia Nacional, que señala a varios imputados investigados y procesados en España por tráfico de estupefacientes, comunicación ésta que menciona a MANUEL MOYA CARMONA, EDUARDO RUBIO DEL RÍO y A LEONARDO BLANCO FERNÁNDEZ, identidad que según el funcionario español, podría estar usurpada, concluyendo la referida comunicación que existe una importante actividad entre MANUEL MOYA CARMONA (residente en la Isla de Margarita) y estas personas; en cuanto al Acta Policial y fax emitido por la oficina de Interpol, relacionada al procesado EDUARDO RUBIO DEL RÍO, cuyo texto ratifica la comunicación enviada por el Agregado Policial de la Embajada de España, referida anteriormente; en relación al Oficio dirigido al juzgado de la causa, por el Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Insular del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) del Ministerio de Hacienda, que indica que los ciudadanos JOSÉ BLANCO FERNÁNDEZ Y ARMANDO MÁRQUEZ BELTRÁN, al igual que MANUEL MOYA, con auto de detención no ejecutado, no poseen expedientes en los archivos del SENIAT; de igual forma, observa la Sala como no analizadas, ni comparadas entre sí: el Acta Policial e Informe de Inteligencia elaborado por el Comando Nacional Anti-Drogas de la Guardia Nacional, referidos al caso “Los Españoles”; el auto cursante al folio 112 de la pieza número 15 del expediente y las copias certificadas de las declaraciones rendidas en otro proceso judicial por los ciudadanos JOSÉ EMISAEL DURAN DÍAZ, JUAN CARLOS SANDOVAL NAVAS, LUIS RAFAEL CENTENO GUERRERO, ROSA CORINA BLANCO DÍAZ; la declaración rendida por SARA JESUSITA ORTEGA VALERA y las declaraciones de JOSÉ BLANCO FERNÁNDEZ, una rendida en este proceso y la otra, en otro distinto. El artículo 177 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, vigente para el momento en el que se dictó la decisión impugnada, indicaba entre los requisitos que debía tener la parte motiva de las sentencias, el señalamiento de las razones de hecho en los cuales se fundamentaba el juzgador, para dar por demostrado un hecho punible de los contemplados en la referida ley; para el establecimiento de esos hechos, debía analizar y comparar entre sí todo el material probatorio, para tomar su determinación, según una libre, razonada y motivada apreciación de los mismos. En el caso en estudio, el juzgador no cumplió con esa función, al dejar de analizar y comparar las pruebas del expediente, por lo que, no estableció los hechos dados por probados, produciendo un fallo inmotivado.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el recurso de casación, formalizado por el Fiscal Tercero del Ministerio Público ante las Salas de Casación de este Tribunal Supremo de Justicia y ordena remitir el expediente al Presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo Único del artículo 4 de la Resolución Nº 284, del 4 de abril del año 2000, dictada por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, para que éste lo remita, previa distribución, a una de las Salas Accidentales de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Publíquese, regístrese y bájese el expediente.