Sentencia N° 836 Casación Penal TSJ 2000: Fiscal Quinta del Ministerio Público — Prescripción de acción penal

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la Fiscal Quinta del Ministerio Público, anulando el fallo impugnado que había declarado terminada la averiguación sumaria por prescripción de la acción penal. Se argumenta que el juzgador no cumplió con la obligación de motivar adecuadamente su decisión, omitiendo el análisis y comparación de las pruebas presentadas durante la fase sumaria del juicio. La Sala resalta la importancia de establecer si se cometió un hecho punible antes de declarar la prescripción.

La Sala, para decidir, observa: El Juzgado Superior Primero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, decidió lo siguiente: "…Analizadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, esta alzada encuentra ajustado a derecho el fallo consultado por cuanto de haberse perpetrado hechos punibles estos serían los de: VERTIDO ILICITO, CAMBIO DE FLUJOS, SEDIMENTACION y EXTRACCION ILICITA DE MATERIALES, tipificados y sancionados en los artículos 28, 30 y 31 de la Ley Penal del Ambiente, siendo el de mayor entidad el de VERTIDO ILICITO y como quiera que ello posiblemente ocurrió en fecha 22-08-94, habiendo transcurrido hasta ahora mucho más del tiempo previsto en la Ley especial en su artículo 19 ordinal 2º que prevé que las acciones penales prescriben por tres (3) años si el delito mereciere pena de tres (3) años o menos, como quiera que ha transcurrido más de ese lapso lo cual hace procedente dicha prescripción, lo conveniente y ajustado a derecho es que se confirme la decisión dictada por el a quo…". La Sala de Casación Penal, al examinar el fallo recurrido, verifica que sentenciador efectivamente declaró terminada la averiguación sumaria sin resumir, analizar ni comparar las pruebas aportadas en esta fase del juicio: ni siquiera la enunció y por ello dejó de establecer los hechos que consideró demostrados. Faltó así a su obligación de expresar las razones de hecho y Derecho en que se fundó para arribar a tal determinación. En efecto, las actuaciones sumariales fueron practicadas en razón de los daños ambientales ocasionados (por trabajos de explotación minera en el sector conocido como "El Plomo", ubicado entre los Saltos Tayukay y Guarenta de la Cuenca Alto del Río Caroní del Estado Bolívar. Tales actuaciones arrojaron estos elementos probatorios: Denuncias de los ciudadanos Andrés Solís Sayago y Pablo Hernández. Órdenes de paralización de actividades. Actas de Inspecciones Oculares y Actas Policiales suscritas por funcionarios adscritos a la Segunda Compañía del Destacamento Nº 82 del Comando Regional Nº 8 de la Guardia Nacional. Actas de pesaje. Actas levantadas por funcionarios adscritos al Ministerio de Energía y Minas. Una serie de declaraciones relacionadas con los hechos ocurridos en la zona investigada. Experticia Ambiental suscrita por los ciudadanos Víctor Manuel Barreto Briceño Técnico Superior en Ciencias Forestales y Silverio Pinto, Perito Forestal. Tales probanzas no fueron resumidas ni analizadas. Las decisiones que por su naturaleza ponían fin al juicio e impedían su continuación y contra las cuales era admisible el recurso de casación, debían cumplir con los requisitos de motivación de la sentencia que establecía el artículo 42 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, en el sentido de expresar los hechos que se estiman probados sólo de este examen puede surgir la situación de hecho a la cual ha de aplicarse el Derecho. Antes de proceder a declarar la prescripción de la acción penal, y sobre la base de los elementos probatorios, debe determinarse la comprobación del hecho punible tipificado en la legislación penal, pues ello es previo e indefectible para su calificación jurídica. De lo expuesto se desprende que se incurrió en la omisión de un requisito esencial de forma y esto que hace procedente esta denuncia por violación del segundo aparte del artículo 42 del hoy derogado Código de Enjuiciamiento Criminal. Así se decide.

En virtud de las declaraciones expresadas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación de forma interpuesto por la Fiscal Quinta del Ministerio Público ante la Sala de Casación Penal. Por consiguiente se ANULA el fallo impugnado y se ordena la remisión del expediente al Presidente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar a los fines previstos en el ordinal 1º del artículo 507 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, regístrese y bájese el expediente.