Sentencia N° 76 Casación Penal TSJ 2001 — Radicación de juicio penal

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de radicación de un juicio penal formulada por el Ministerio Público, en el que se alegaba la necesidad de trasladar el juicio a otra jurisdicción debido a la influencia del imputado, Raimond Manuel Gutiérrez Martínez, quien había asumido una actitud hostil en los medios de comunicación. La Sala analizó las circunstancias del caso y determinó que no se habían dado los supuestos necesarios para la radicación, ya que no se evidenció un escándalo público que afectara la imparcialidad de los jueces ni que la causa estuviera paralizada.

La Radicación consiste en el traslado de un juicio de un tribunal a otro de igual categoría, pero de otro Circuito Judicial Penal de distinta Circunscripción Judicial, y solamente procede en los casos concretos, en los cuales, por circunstancias graves la ley permite apartarse del principio general conforme al cual “la competencia territorial de los tribunales se determina por el lugar donde el delito o falta se haya consumado”, artículo 53 del Código Orgánico Procesal Penal. En nuestro sistema jurídico para que proceda la radicación de un juicio, deben darse las circunstancias siguientes: a) Que se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público, y b) Que la causa se haya paralizado indefinidamente, después de presentada la acusación fiscal, por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de sus suplentes y de los conjueces, respectivos. En el presente caso se evidencia, que el Ministerio Público presentó formal acusación en fecha 24 de septiembre de 2000, en los siguientes términos: 1.- Contra los imputados ALBERTO DEL CARMEN AVILA, HIDUBLIS RAFAEL DIAZ ACOSTA y OSWALDO ARGENIS MACIAS SIFONTES, por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de Rigoberto Molina Velandria; 2.- Contra los imputados ANGEL DIONICIO SATURNINO PEREZ, ANGEL EDUARDO NOGUERA FLORES, JOSE GREGORIO NOGUERA FLORES, JUAN BAUTISTA MEJIAS PERDOMO, OSWALDO ARGENIS MACIAS SIFONTES y ALBERTO DEL CARMEN AVILA por los delitos de SECUESTRO y AGAVILLAMIENTO, en perjuicio de los esposos Campagna; 3.- Contra los imputados RAIMOND MANUEL GUTIERREZ MARTINEZ y YOLIMAR DEL VALLE PEREZ CENTENO, por el delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO; 4.- Contra el imputado ALBERTO DEL CARMEN AVILA, por el también delito de ALTERACION DE IDENTIDAD ante una Autoridad Policial; 5.- Contra los imputados ANGEL EDUARDO NOGUERA FLORES, JOSE GREGORIO NOGUERA FLORES, JUAN BAUTISTA MEJIAS PERDOMO, OSWALDO ARGENIS MACIAS SIFONTES y ALBERTO DEL CARMEN AVILA por el delito de SECUESTRO y AGAVILLAMIENTO, en perjuicio del ciudadano Yunes Naim. Ahora bien, al hacer una revisión minuciosa de las actas que cursan en autos, se observa que en los encabezados de los periódicos anexados, se lee: “Asegura Procurador Gutiérrez, Patraña Política Jurídica...”; “Sigue la confabulación para sacarme de la Procuraduría”, planteamientos que pudieran constituir un “supuesto escándalo” respecto al ciudadano Raimond Gutiérrez, quien para ese momento sustentaba el cargo de Procurador General. Del mismo modo se observa, que la Juez de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, decretó el sobreseimiento de la causa en lo que respecta al ciudadano Raimond Gutiérrez Martínez, por considerar que el hecho objeto del proceso no puede atribuírsele al imputado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal. Lo anteriormente expuesto demuestra que en el presente caso, aún cuando los hechos imputados antes señalados trascendieron a los medios de comunicación, ello no significa que el delito en cuestión haya causado en el referido Estado alarma, sensación o escándalo público que hubiese podido influir sobre la imparcialidad de los jueces que conocen del mismo. Tampoco consta en autos que la presente causa se encuentre paralizada, por cuanto se evidencia que respecto al ciudadano Raimond Gutiérrez Martínez fue dictado sobreseimiento de la causa. Comprobado como ha quedado que los supuestos señalados en el artículo 59 del Código Orgánico Procesal Penal no se han dado en el presente caso, esta Sala DECLARA SIN LUGAR la solicitud de radicación hecha por la parte fiscal.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR LA SOLICITUD DE RADICACION interpuesta por los Representantes del Ministerio Público y ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz. Publíquese, regístrese y bájese el expediente.