Sentencia N° 730 — Sala de Casación Penal del TSJ, 23 de noviembre de 2015

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la extradición del ciudadano VASILEIOS SYMEONIDIS, quien se encontraba detenido en Venezuela. Se consideró que la República Helénica no había realizado las diligencias necesarias para disponer de su extradición, a pesar de que se había declarado procedente en una sentencia anterior. La Sala acordó notificar a la autoridad competente en materia de extranjería y migración para determinar la situación del ciudadano en el país y ordenó su detención mientras se resolvía su condición migratoria.

La Sala de Casación Penal ha señalado respecto a la extradición que, el Estado venezolano obra con un alto sentido de responsabilidad y debe garantizar el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. En este sentido, se establece que la extradición debe ser un proceso que respete las garantías procesales y los derechos fundamentales de la persona solicitada. En el caso de VASILEIOS SYMEONIDIS, se evidenció que la República Helénica no había cumplido con los plazos establecidos para la extradición, lo que llevó a la Sala a considerar que la medida de coerción personal debía ser levantada y el ciudadano debía ser puesto en libertad. Sin embargo, se detectaron irregularidades en su situación migratoria en Venezuela, lo que llevó a la Sala a ordenar su detención mientras se resolvía su estatus.

PRIMERO: ACUERDA notificar a la autoridad competente en materia de extranjería y migración, a los fines de que determine la procedencia o improcedencia del inicio del procedimiento administrativo correspondiente al ciudadano VASILEIOS SYMEONIDIS, natural de Shymkent, República de Kazajstán, de nacionalidad griega, cédula X-126207 y pasaporte T-224046, ambos expedidos en la República Helénica. SEGUNDO: ORDENA poner al ciudadano VASILEIOS SYMEONIDIS, a la orden del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en calidad de detenido, por ser ese el órgano administrativo competente para determinar la condición y situación del referido ciudadano en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.