Sentencia N° 710 Casación Penal TSJ 2000: Fiscal Cuadragésima Octava del Ministerio… vs Anselmo Ramón Castillo Anzola, Alfredo…

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, revisó un recurso de casación interpuesto por la Fiscal Cuadragésima Octava contra la decisión del Juzgado Superior Séptimo en lo Penal que absolvió a los imputados Anselmo Ramón Castillo Anzola y Alfredo Rivas Espinoza por el delito de homicidio intencional en grado de complicidad. La recurrente alegó falta de motivación en el fallo impugnado, argumentando que no se expresaron con claridad las razones de hecho y derecho que llevaron a la absolución de los acusados. El Tribunal, tras analizar las pruebas y declaraciones presentadas, concluyó que el Juzgador de la Segunda Instancia desechó correctamente las declaraciones contradictorias de los testigos y que la decisión de absolver a los imputados se ajustaba a derecho. En consecuencia, se declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por la Fiscal, manteniendo la decisión del tribunal inferior. Finalmente, el Tribunal ordenó la publicación y registro de la sentencia, reafirmando su compromiso con la justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela.

La recurrente, con base en el ordinal 2º del artículo 330 Código de Enjuiciamiento Criminal, denunció la infracción del segundo aparte del artículo 42 "ibídem", por cuanto en el fallo recurrido no se expresaron con la debida claridad y precisión las razones de hecho y Derecho de la determinación judicial que absolvió a los imputados y adujo que la sentencia impugnada incurrió en falta de motivación. Transcribe la recurrente parte del fallo y denunció que se dejaron de analizar y comparar las declaraciones de las ciudadanas Marilen y Vicenta Norelys Sierra Aguiar, María Cecilia Rodríguez, y Josselina Bello Rodríguez. La Sala, para decidir, observa: De la lectura del fallo impugnado, se constata que no es cierta la imputación hecha por la recurrente: el Juzgador, al comprobar el cuerpo del delito de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva así como la responsabilidad penal de los imputados, lo hizo con los siguientes elementos probatorios: Transcripción de novedades diarias llevadas por la división contra homicidios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Las Actas Policiales suscritas por los funcionarios Pedro Magallanes, Richard Lozada, Anselmo Castillo, Miguel Marcano, Edrin José Salazar y José Luis Santana. Las declaraciones de los imputados Anselmo Castillo Anzola y Alfredo Rivas Espinoza, siendo consideradas por el Juzgador "a quo" como una confesión calificada. Las declaraciones de los ciudadanos Marilen Josefina Sierra Aguiar, María Dilcia Rodríguez, María Cecilia Rodríguez, Carmen Alicia Vergel Hernández, Vicenta Norelis Aguiar, Josefina Bello Rodríguez, José Hernán Barajas Nieto, Elvira María Palmero Barreto, Víctor Tulio Barajas y Ramón Antonio Barajas Nieto. El protocolo de autopsia, practicado al cadáver de Alexander Bello Rodríguez. La Experticia Balística suscrita por los funcionarios Raiza Ascanio y Estela Becerra Rangel. Las Experticias Hematológicas suscritas por los expertos Patricia Zambrano y José Gregorio Hernández, practicadas a muestras de sangre colectadas al occiso y en la calle el Padre, vía pública, Carapita, Parroquia Antímano. El análisis de Trazas de Disparos (practicado por los expertos Nélida Ascanio Morffes y Ramón González) de muestras tomadas al occiso. En este sentido, luego del debido análisis y comparación de cada uno de ellos entre sí, les asignó el valor probatorio correspondiente; En relación con la excepción de hecho dada por los imputados al momento de confesar, estableció que no resultó falsa o inverosímil y que, por el contrario, satisfizo plenamente los extremos legales exigidos por el ordinal 3º del artículo 65 del Código Penal que prevé la figura de la legítima defensa, cuyos extremos quedaron acreditados como producto de la decantación del mérito de cada probanza. Se acreditó que no fueron los imputados quienes provocaron el enfrentamiento donde resultara abatido el ciudadano ALEXANDER BELLO RODRÍGUEZ, pues los mismos se encontraban realizando un operativo en búsqueda del hoy fallecido, quien en horas de la mañana del día en que ocurrieron los hechos había lesionado a una persona; al avistar los funcionarios a varios sujetos, y darles la voz la voz de alto, éstos le dispararon y los agentes policiales tuvieron la necesidad de hacer uso de sus armas de reglamento en resguardo de su integridad física, resultando lesionado el hoy occiso y quien participaba en el enfrentamiento, perdiendo posteriormente la vida en el hospital Miguel Pérez Carreño.

En virtud de las consideraciones expresadas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación de forma interpuesto por la Fiscal Primera del Ministerio Público ante la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 20 de abril de 1998. Publíquese, regístrese y bájese el expediente.