Sentencia N° 685 Casación Penal TSJ 2001 — El recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión que había sobreseído la causa por peculado doloso propio. La Sala consideró que la acusación fiscal era imprecisa y no cumplía con los requisitos necesarios para ser admitida, generando un estado de indefensión a los imputados. Además, se destacó que el sobreseimiento no impedía una nueva persecución penal, permitiendo que el Ministerio Público pudiera presentar una nueva acusación si así lo consideraba pertinente.

La Sala de Casación Penal, al revisar el contenido de ambas decisiones, así como el escrito acusatorio, ha observado que resulta claro en el presente caso que los funcionarios a quienes les correspondía por ley la intervención en la presente causa, actuaron precipitadamente. En efecto, los jueces, por haber ido más allá de sus facultades se pronunciaron sobre el fondo materia de juicio en la etapa preliminar, siendo que el objetivo central de esta audiencia es pronunciarse sobre la admisibilidad o no de la acusación y sobre la procedencia de las incidencias que hayan sido planteadas; y los fiscales del Ministerio Público al presentar una acusación que verdaderamente no se basaba en una investigación concluida, que de hecho, acaba de concluirse por la Contraloría General de la República, según se desprende del Informe cursante a los autos generaron esta situación.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DESESTIMA POR INADMISIBLE el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal. Y por las razones ya expuestas, ANULA LOS PRONUNCIAMIENTOS cursantes a los autos a efecto de que se produzca nuevamente una audiencia preliminar en la cual el Tribunal de Control se ciña a lo previsto en el artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal dentro de los parámetros legales.