Sentencia N° 63 — Sala de Casación Penal del TSJ, 14 de marzo de 2005

La Corte de Apelaciones del Estado Amazonas declaró sin lugar el recurso de apelación contra la condena de ocho años de presidio por violación. La defensa interpuso recurso de casación alegando inmotivación de las sentencias de instancia. El Tribunal Supremo de Justicia desestimó el recurso, señalando que la Corte de Apelaciones no tenía competencia para valorar pruebas, lo que corresponde al juez de juicio. Además, se corrigió la subsunción del tipo penal, aplicando la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

La Sala, para decidir, observa: Los recurrentes alegan que las sentencias de la primera y segunda instancia están inmotivadas, por falta de análisis, comparación y valoración de las pruebas. En tal sentido es de observar que la Corte de Apelaciones declaró sin lugar la apelación propuesta, no correspondiéndole a dicha instancia la apreciación de las pruebas ni el establecimiento de los hechos, lo cual corresponde al juez de juicio en virtud del principio de inmediación. Además, atribuyen el vicio de inmotivación denunciado, tanto al juzgador de juicio como a la corte de apelaciones, cuando de conformidad con el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal, el recurso de casación sólo puede ser propuesto contra las decisiones de las cortes de apelaciones que resuelvan sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral. En consecuencia, debe desestimarse, por manifiestamente infundada, la presente denuncia, de conformidad con el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley: 1) desestima, por manifiestamente infundado, el recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado Pacho Adán Gutiérrez Ventura y 2) Corrige la subsunción del tipo (sin incidir en la cantidad de la pena aplicada) en la sanción penal prevista en el artículo 260 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el 259, primer aparte eiusdem, y en relación con el artículo 217 ibídem.