Sentencia N° 598 — Sala de Casación Penal del TSJ, 3 de octubre de 2025

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la solicitud de avocamiento presentada por el abogado José Gregorio Ramírez García en representación de INÉS RAFAELA ESTRADA OSORIO y DELANO SIMION AFFONSO. La solicitud fue fundamentada en presuntas irregularidades procesales en el juicio penal que se sigue en su contra ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del estado Bolívar. La Sala concluye que no se cumplen los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para la admisión del avocamiento.

El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional, que le otorga el Tribunal Supremo de Justicia, en cada una de sus Salas, la facultad de solicitar en cualquier estado de la causa, el expediente de cuyo trámite este conociendo cualquier tribunal (independientemente de su jerarquía y especialidad) a modo de impedir que se produzca una situación de caos, desquiciamiento, anarquía que pudiera perturbar el normal desenvolvimiento de la sana administración de justicia. Esta institución procederá cuando no exista otro medio procesal capaz de restablecer la situación jurídica afectada, de oficio o a instancia, lo cual, la hace de utilidad restrictiva, toda vez que su tramitación representa una ruptura del principio de la instancia natural, así como el doble grado de jurisdicción. Razones estas que justifican que reciba un tratamiento de aplicación limitada. Dicha figura jurídica tiene como objetivo primordial proteger a los administrados frente a los actos que comporten la puesta en peligro o menoscabo, de los derechos fundamentales. Es así que para su sustanciación, comprende la realización de dos fases o etapas, la primera comprendida por la verificación del cumplimiento de los requisitos contemplados en el marco legal, que de ser admisible, corresponderá a la Sala ordenar la suspensión de la causa en instancia, para requerir el expediente y darle paso a esa segunda fase del avocamiento, consistente en el conocimiento del asunto y resolver el fondo. Tal figura jurídica encuentra su fundamento y regulación en el artículo 266, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los artículos 31, 106, 107, 108, todos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; y de ellos subyace el carácter de fase previa, que tiene el proceso, de determinar a “prima facie” la probabilidad fundada de la configuración de “graves desórdenes o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico” que trastoquen el debido proceso. Entendiéndose por “desorden procesal”, que se pueda iniciar la persecución penal propiamente dicha, a los fines de establecer la incolumidad de la función social de administrar justicia. De allí que, la solicitud de avocamiento debe estar revestida de formalidades esenciales, las cuales, están sujetas al control jurisdiccional por parte de la Máxima Instancia Judicial de la República, a modo de evitar que, se ejerzan falsos reproches que pudieran desencadenar en el ejercicio caprichoso de las herramientas que brinda el ordenamiento jurídico, para proteger el curso normal del proceso. Ya que al ser de carácter excepcional, el avocamiento debe ser analizado con extrema prudencia, atendiendo los principios de tutela judicial efectiva, economía procesal, estabilidad del Poder Público y supremacía constitucional.

Se declara inadmisible la solicitud de avocamiento interpuesta por el abogado José Gregorio Ramírez García, actuando en su carácter de defensor privado de los ciudadanos INÉS RAFAELA ESTRADA OSORIO y DELANO SIMION AFFONSO, por no cumplir con lo establecido en los artículos 107 y 108, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.