Sentencia N° 579 — Sala de Casación Penal del TSJ, 12 de junio de 2025

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia decreta la nulidad de oficio de la sentencia dictada el 1° de octubre de 2024, que había declarado con lugar las excepciones opuestas por la defensa y desestimado la acusación del Ministerio Público. Se argumenta que la acusación no cumplía con los requisitos de procedibilidad establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, lo que llevó a la decisión de sobreseimiento definitivo de la causa. La Sala ordena la reposición del expediente a un nuevo Juzgado de Primera Instancia para que se celebre nuevamente la audiencia preliminar, asegurando el respeto a los derechos y garantías constitucionales de las partes involucradas.

Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, esta Sala de Casación Penal, en atención a lo dispuesto en el artículo 257, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y previo al pronunciamiento sobre la admisibilidad o desestimación del recurso de casación interpuesto, ha revisado las actuaciones contenidas en el presente expediente, y ha verificado la existencia de vicios de orden público que vulneran las garantías inherentes al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, consagradas en los artículos 49 y 26 eiusdem; y, por ende, acarrea la nulidad absoluta de las actuaciones cumplidas en contravención de la Constitución y a la ley, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 y 175, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, cuyos contenidos establecen: “...Artículo 174. Los actos cumplidos en contravención o con inobservancia de las condiciones previstas en este Código, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, tratados, convenios, y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República, no podrán ser apreciados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, salvo que el defecto haya sido subsanado o convalidado. Artículo 175. Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado o imputada, en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Código, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela...”. Los preceptos jurídicos antes señalados, establecen que la nulidad será declarada cuando: a) Resulte comprometida la intervención, asistencia y representación del imputado o imputada, o la víctima, en los casos y formas que el Código Orgánico Procesal Penal, establezca. b) Implique la inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en el texto adjetivo penal vigente, la Constitución de la República, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.

Se decreta la NULIDAD DE OFICIO de la sentencia dictada el 1° de octubre de 2024 y publicada en extenso el 3 de octubre de 2024, por el Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, la cual declaró con lugar las excepciones opuestas por la Defensa Privada y la Defensa Pública de los ciudadanos CARLOS AUGUSTO HERNÁNDEZ DELGADO y JESÚS ENRIQUE PRIORI RUIZ, desestimó la acusación presentada por las representantes del Ministerio Público, y decretó el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de la causa.