Sentencia N° 575 — Sala de Casación Penal del TSJ, 7 de octubre de 2009

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, presidida por la Magistrada MIRIAM MORANDY MIJARES, decidió el recurso de casación interpuesto por la defensa de los ciudadanos POLICARPA QUEZADA DE SERRANO y JAVIER ALBERTO MARIN ALZUALDE, condenados por el delito de ocultamiento de sustancias estupefacientes. La defensa alegó defectos en el procedimiento de allanamiento y falta de proporcionalidad en la pena impuesta. Sin embargo, la Sala desestimó las denuncias, considerando que no se presentaron pruebas suficientes que acreditaran las alegaciones de la defensa y que la sentencia de primera instancia no adolecía de motivación ni de vicios procesales.

La Sala observa que el recurrente denunció la falta de aplicación de una disposición constitucional y se limitó a indicar que existió un defecto del procedimiento de allanamiento y que además se violó el principio del indubio pro reo. Al respecto, la Sala Penal ha indicado en reiterada jurisprudencia que las normas que contemplan principios y garantías ya sean constitucionales o procesales no pueden denunciarse aisladamente en casación, toda vez que éstas contienen formulaciones abstractas y generales, que la ley señala al Juez para el recto cumplimiento de su función decisoria y dado que son de naturaleza genérica, deben ser denunciadas adminiculándose con la norma particular y concreta (procesales o sustantivas), que se haya infringido por el Juzgador al apartarse de los aludidos preceptos legales.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal, DESESTIMA por manifiestamente infundada la primera denuncia del recurso de casación. Así se decide.