Sentencia N° 566 — Sala de Casación Penal del TSJ, 10 de diciembre de 2002

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la consulta de una decisión del Juzgado Superior Primero de Hacienda, que había ordenado la continuación de una averiguación por contrabando. La Sala consideró que la acción penal había prescrito, dado que habían transcurrido más de tres años desde la consumación del delito, lo que llevó a decretar el sobreseimiento de la causa. La decisión se fundamentó en la falta de elementos que determinaran la autoría del hecho punible y en la normativa aplicable sobre la prescripción de la acción penal.

De los referidos elementos de convicción se desprende que la mercancía decomisada, al no presentar la documentación de importación correspondiente, fue introducida ilegalmente al país, lo cual demuestra la comisión del delito de contrabando, previsto en el artículo 158 de la Ley de Aduanas. No obstante, no existe en autos elementos que determinen quien fue el autor de dicho hecho punible. Ahora bien, la acción penal para el enjuiciamiento del referido delito, prescribe por tres años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, ordinal 5º, del Código Penal. En el presente caso, el hecho dado por probado, que configura el delito de contrabando se consumó el 2 de junio de 1971 y desde esa fecha hasta la presente a transcurrido en exceso el tiempo requerido en la referida disposición legal (31 años), para que opere la prescripción de la acción penal.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Acepta la declinatoria de competencia que le hiciera la Sala Político Administrativa de este alto Tribunal para conocer de la consulta a la que se encuentra sometida la decisión de fecha 17 de junio de 1974, dictada por el Juzgado Superior Primero de Hacienda con Competencia Nacional. SEGUNDO: Entra a conocer del caso y, en consecuencia, decreta el sobreseimiento de la causa, por prescripción de la acción penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 318, ordinal 3º, del Código Orgánico Procesal Penal.