Sentencia N° 537 Casación Penal TSJ 2001: Edilfredo Ramon Vasquez Berrios vs Miguel Angel Rosales Aparicio

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un caso de difamación agravada en el que el demandado alegó inmunidad por su condición de Diputado al Consejo Legislativo del Estado Barinas. La Corte de Apelaciones había declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el querellado, remitiendo el expediente al Tribunal Supremo para su consideración. La Sala, tras analizar el caso, determinó que no era competente para conocer del asunto, declinando la competencia a la Sala Plena del Tribunal Supremo.

Una vez visto lo anterior esta Sala observa, que el presente caso se trata de un juicio de acción privada que se instauró a instancia de la parte agraviada o querellante EDILFREDO RAMON VASQUEZ BERRIOS, en contra del ciudadano MIGUEL ANGEL ROSALES APARICIO por el delito de DIFAMACIÓN AGRAVADA. Por diversas causas la audiencia preliminar se suspendió en varias ocasiones y nunca llegó a realizarse, debido a que el querellado alegó que se encuentra investido de inmunidad, en virtud de lo dispuesto en los artículos 162 y 200 de la Constitución de la República por su nombramiento como Diputado al Consejo Legislativo del Estado Barinas. Y así lo declaran tanto el Tribunal de Juicio Nº 4 como la Corte de Apelaciones del Estado Barinas, y en tal sentido remiten las actuaciones a esta Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Al respecto cabe señalar que en sentencia Nº 1 de fecha 02 de mayo de 2000, con ponencia del ex Magistrado Carlos Escarrá Malavé, la Sala Plena de este Tribunal reconoció entre sus competencias y atribuciones, previstas en la Constitución aprobada mediante Referéndum y publicada en fecha 30 de diciembre de 1999, “Conocer de los presuntos delitos cometidos por miembros de la Asamblea Nacional; ordenar la detención de los mismos y continuar su enjuiciamiento - previa autorización de la Asamblea Nacional”, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 200. Asimismo, en Sentencia Nº 61 de fecha 11 de mayo de 2000, con ponencia del Magistrado Antonio García García, declaró que la novísima Constitución, en su artículo 200 le otorga el privilegio de la inmunidad a los integrantes de la Asamblea Nacional, desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo, situación que determina un antejuicio de mérito, previo al allanamiento legislativo y posterior enjuiciamiento en el caso de que se realicen acusaciones penales en su contra. Inmunidad que es extensiva a los miembros de la Comisión Legislativa, en virtud de sus funciones, y por disposición del artículo 162, a los integrantes del Consejo Legislativo y, así a los integrantes de las Comisiones Legislativas de los Estados, en la respectiva jurisdicción.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer de la presente causa y consecuentemente, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir en la Sala Plena de este Máximo Tribunal. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones junto con oficio a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.