Sentencia N° 513 — Sala de Casación Penal del TSJ, 2 de diciembre de 2010

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, presidida por la Magistrada MIRIAM MORANDY MIJARES, declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del ciudadano HUMBERTO LEOYANDID D’ GREGORIO LOPEZ, quien había sido condenado por el delito de tráfico atenuado de sustancias estupefacientes y ocultamiento de arma de fuego. La Corte de Apelaciones había confirmado la decisión del Tribunal de Juicio, argumentando que se realizó un análisis adecuado de las pruebas presentadas durante el juicio, cumpliendo con los requisitos de motivación exigidos por la ley. La defensa alegó falta de motivación en la sentencia de la Corte de Apelaciones, argumentando que no se valoraron adecuadamente las pruebas testimoniales y que no se dio respuesta a las denuncias planteadas. Sin embargo, la Sala de Casación Penal consideró que la Corte de Apelaciones había cumplido con su deber de motivar su decisión, analizando las pruebas y fundamentando su resolución de manera adecuada, lo que garantizó el derecho a la defensa y al debido proceso. Finalmente, la Sala reafirmó la responsabilidad del acusado en los delitos imputados, destacando que la decisión del Tribunal de Juicio fue producto de un análisis exhaustivo de las pruebas y que se respetaron los principios del sistema acusatorio establecidos en la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal.

La motivación de un fallo radica en manifestar la razón jurídica en virtud de la cual el juzgador adopta una determinada resolución, su decisión es un acto que se origina por el estudio y evaluación de todas las circunstancias particulares y específicas del caso controvertido, así como de los elementos probatorios que surjan durante el desarrollo del proceso penal. Para poder establecer que un fallo se encuentra correctamente motivado, este debe expresar los motivos de hecho y de derecho en que ha sido fundamentado y según lo que se desprendió durante el proceso. En tal sentido, la motivación comprende la obligación, por parte de los jueces, de justificar racionalmente las decisiones judiciales y así dar exacta garantía del derecho a una tutela judicial efectiva conforme impone el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tal exigencia, se encuentra íntimamente relacionada con la legitimidad de la función jurisdiccional, en torno a que el fundamento de la sentencia debe lograr el convencimiento de las partes en relación a la justicia impartida y permitir el control de la actividad jurisdiccional.

Por las razones expuestas el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR el recurso de casación propuesto por la ciudadana abogada NANCY RODRÍGUEZ, Defensora Pública Octava Penal adscrita a la Unidad de Defensa Pública Penal de la Circunscripción Judicial del estado Miranda.