Sentencia N° 508 — Sala de Casación Penal del TSJ, 23 de octubre de 2024

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, dictó la sentencia N° 332, declarando improcedente la solicitud de extradición pasiva del ciudadano RONALD ALEXANDER JIMÉNEZ PÉREZ, de nacionalidad venezolana, presentada por la República de Colombia. La decisión se fundamenta en la prohibición constitucional de extraditar a venezolanos por nacimiento, conforme a los artículos 32 y 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 6 del Código Penal venezolano. El Tribunal asumió el compromiso de enjuiciar al mencionado ciudadano en Venezuela por la presunta comisión del delito de feminicidio agravado, garantizando el respeto a sus derechos fundamentales durante el proceso. Además, se instó al Ministerio Público a solicitar a Colombia los elementos de convicción necesarios para el juzgamiento en territorio venezolano. Finalmente, se acordó remitir toda la documentación enviada por Colombia al Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Barinas para el inicio del proceso penal correspondiente.

Respecto a la extradición, el Estado venezolano obra con un alto sentido de responsabilidad y acepta la extradición como una obligación conforme al Derecho Internacional, pero se reserva la más absoluta libertad en cuanto a su concesión, pues debe tomar en cuenta si en el caso concreto se contrarían los principios de nuestra legislación nacional o si no estuviese conforme con la razón y la justicia. En tal sentido, los artículos 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 6 del Código Penal, 382, 386 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, recogen los principios básicos que en materia de extradición establece el derecho positivo venezolano, a saber: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Artículo 69. La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas.” Código Penal: “Artículo 6. La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana. La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana. La extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente, de conformidad con los trámites y requisitos establecidos al efecto por los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor y, a falta de éstos, por las leyes venezolanas. No se acordará la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requirente la pena de muerte o una pena perpetua. En todo caso, hecha la solicitud de extradición, toca al Ejecutivo Nacional, según el mérito de los comprobantes que se acompañen, resolver sobre la detención preventiva del extranjero, antes de pasar el asunto al Tribunal Supremo de Justicia.” Código Orgánico Procesal Penal: “Fuentes. Artículo 382. La extradición se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título”. En esta línea de pensamiento, debe la Sala determinar cuáles son los requisitos formales que han de exigirse, en el presente caso, de cara a la procedencia de la extradición. Con este propósito, se requiere entonces acudir al sistema de fuentes que regula esta materia en el ordenamiento jurídico venezolano. Ahora bien, en el caso que nos ocupa se observa que entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, no existe tratado bilateral de extradición; sin embargo, las Repúblicas de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, suscribieron el Acuerdo sobre Extradición, denominado también Acuerdo Bolivariano, firmado en Caracas el 18 de julio de 1911, aprobado por el Poder Legislativo Nacional el 18 de junio de 1912, y ratificado por el Poder Ejecutivo Nacional el 19 de diciembre de 1914, en el cual los Estados Parte, respecto de la entrega mutua de procesados o condenados por las autoridades judiciales de estos, acordaron, entre otras cosas, lo siguiente: “Artículo 1° Los Estados contratantes convienen en entregarse mutuamente, de acuerdo con lo que se estipula en este Acuerdo, los individuos que procesados o condenados por las autoridades judiciales de cualquiera de los Estados contratantes, como autores, cómplices o encubridores de alguno o algunos de los crímenes o delitos especificados en el artículo 2º, dentro de la jurisdicción de una de las partes contratantes, busquen asilo o se encuentren dentro del territorio de una de ellas. Para que la extradición se efectúe, es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar en donde se encuentren el prófugo o enjuiciado, justificarían su detención o sometimiento a juicio, si la comisión tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él.

PRIMERO: DECLARA IMPROCEDENTE la extradición pasiva del ciudadano RONALD ALEXANDER JIMÉNEZ PÉREZ, de nacionalidad venezolana, identificado con la cédula de identidad venezolana número 19.524.683, presentada por la República de Colombia, de conformidad con lo establecido en los artículos 32, numeral 1 y 69, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículo 6 del Código Penal venezolano, y el artículo 9, numeral 1 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía. SEGUNDO: El Estado venezolano representado por la Máxima Instancia del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, ASUME para con la República de Colombia, el firme compromiso de enjuiciar al ciudadano RONALD ALEXANDER JIMÉNEZ PÉREZ, de nacionalidad venezolana, por la presunta comisión del delito de “Feminicidio Agravado” tipificado y sancionado en los artículos 104, 104A y 104B, del Código Penal colombiano, el cual encuentra adecuación típica en la República Bolivariana de Venezuela en el delito de Femicidio Agravado, previsto y sancionado en el artículo74 en relación con el artículo 73, ambos de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.