Sentencia N° 502 Casación Penal TSJ 2000: Maritza Guarapano Rodriguez — Casación en el caso de Maritza Guarapano Rodriguez

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, declara desestimado el recurso de casación interpuesto por el Defensor Público de la imputada, por encontrarse manifiestamente infundado. Sin embargo, también se declara la casación de oficio, anulando el fallo impugnado y ordenando remitir el expediente a la Corte de Apelaciones para que dicte nueva sentencia. La Sala argumenta que la sentencia recurrida adolece de un vicio en el proceso, ya que las pruebas presentadas fueron obtenidas ilícitamente, lo que afecta la validez del fallo.

La Sala Penal considera conveniente aclarar, a fin de evitar confusiones en la materia, lo siguiente: 1) Cuando se trata de sentencias dictadas por esta Sala, cuyo efecto es llevar el proceso a la etapa sumarial de nuevo (por ejemplo, anular un auto mediante el cual se ordena terminar la averiguación, de conformidad con el artículo 206 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal), lógicamente la causa o el expediente tendrá que ser remitido al Circuito Judicial Penal de origen, o Circunscripción Judicial en donde se tramitaba el juicio, de conformidad con el artículo 507, numeral 1º del Código Orgánico Procesal Penal, a fin de que se practiquen las diligencias pertinentes (si éstas faltaren), y se remita luego el expediente conforme al sistema acusatorio, al Fiscal del Ministerio Público. Lo anterior significa que una vez que la Sala anula el auto que ponía fin al proceso, éste pasa a la etapa preparatoria que se prevé en el Código Orgánico Procesal Penal, razón por la cual, siendo el Ministerio Público el titular de la acción penal, ninguna decisión pudiera tomarse si no media la acusación fiscal. Esta situación del Régimen Transitorio implica aspectos del proceso inquisitivo, pues el juez puede realizar de oficio las diligencias pertinentes, pero también del proceso acusatorio, ya que el juez una vez practicadas dichas diligencias debe enviar el expediente al Fiscal del Ministerio Público, en espera de la eventual acusación. 2) Si se trata de la anulación, ya no de un auto que pone fin al juicio, como el de la anterior hipótesis, sino de sentencias definitivas pueden presentarse dos hipótesis: a.- Si se anula una sentencia definitiva por defecto de forma, en aquellos casos en los cuales se había formalizado el recurso antes del 1º de julio, fecha en la cual entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, y se hace necesario dictar nueva sentencia, la causa deberá ser remitida al Tribunal de Reenvío, como lo prevé el artículo 510, numeral 2º del Código Orgánico Procesal Penal, pues claramente se establece que en esa hipótesis el procedimiento será el que regula en el Código de Enjuiciamiento Criminal. A ello hay que agregarle el contenido de la Resolución Nº 8 de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, que prorroga por seis (6) meses el lapso en relación a la remisión de las causas del Tribunal de Reenvío a las Cortes de Apelaciones de Caracas, de conformidad con el último aparte del artículo 511 del Código Orgánico Procesal Penal. b.- Diferente es el caso de haberse fundamentado el recurso de forma luego del 1º de julio, puesto que si se declara con lugar, tal como lo dispone el numeral 1º del artículo 510 del Código Orgánico Procesal Penal, y deba pronunciarse nueva sentencia, ésta '… será dictada por la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, según distribución equitativa que se haga entre sus Salas…'. Esta disposición prevé y soluciona la situación que se produciría en la mayoría de las Circunscripciones Judiciales del país, en las cuales existe una sola Sala de Apelaciones, razón por la cual tendrían que inhibirse sus integrantes al tener que sentenciar de nuevo el asunto, y constituir tantas Salas accidentales como asuntos le sean devueltos con la orden de dictar nueva sentencia.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA DESESTIMADO el recurso de casación interpuesto por el Defensor Público de la imputada, por encontrarse manifiestamente infundado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal y DECLARA LA CASACION DE OFICIO; ANULA el fallo impugnado y ORDENA remitir el expediente a la Corte de Apelaciones del Area Metropolitana de Caracas para que dicte nueva sentencia. Publíquese, regístrese y bájese el expediente.