Sentencia N° 500 Casación Penal TSJ 2000: Fiscal Primero del Ministerio Público vs Ramiro Antonio Pérez García

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la Fiscal Primero del Ministerio Público, anula el fallo impugnado y ordena remitir las actuaciones a la Corte de Apelaciones. La sentencia de primera instancia absolvió al procesado Ramiro Antonio Pérez García por homicidio calificado y lesiones personales, alegando legítima defensa, sin realizar el análisis adecuado de las pruebas presentadas. La Sala concluye que hubo infracción de los artículos del Código de Enjuiciamiento Criminal, lo que justifica la nulidad del fallo anterior.

La recurrida absolvió al procesado, Ramiro Antonio Pérez García, por los hechos delictivos, materia de los cargos fiscales, o sea, homicidio calificado y lesiones personales leves, y, a tales fines, se limitó a expresar que el procesado actuó en legítima defensa de su persona, pretendiendo fundamentar tal decisión en las diferentes declaraciones de autos, sin señalar cuales de ellas probaban la justificante alegada. El procesado Ramiro Antonio Pérez García, en sus declaraciones rendidas ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial y ante el Tribunal de la causa, admitió haber sido el autor de los disparos que cegaron la vida de los ciudadanos Domingo Antonio Peña Guerra, Ramón Antonio Peña Guerra y Agustín Quevedo Sarabia. No obstante, se excepciona alegando que éstos lo atacaron con unos machetes. Es evidente que la confesión del procesado es calificada, pues, la misma contiene una excepción de hecho, que modifica la naturaleza jurídica de los hechos imputados, la cual impone al sentenciador la obligación de hacer la debida comparación de esta prueba con todas las demás existentes en los autos. En el presente caso, los juzgadores de la segunda instancia, tal como lo expresa la recurrente, omitieron el análisis y comparación de la excepción de hecho alegada por el procesado, con los siguientes elementos probatorios: 1) Protocolo de autopsia practicado a los cadáveres de Ramón Peña Guerra y Domingo Peña Guerra, 2) Acta Policial suscrita por el funcionario Ramón Otoniel Suárez Camero, 3) Inspección Ocular practicada en el lugar de los acontecimientos, y, 4) Declaraciones de los ciudadanos Nelly Gil Olivares y Sinecio Dorantes Escalona. La omisión del análisis y comparación, señalados constituye infracción de los artículos 42 y 247, último aparte, del Código de Enjuiciamiento Criminal derogado, y ello hace procedente la censura de casación por falta de motivación.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara con lugar el recurso de casación propuesto por la ciudadana Fiscal Primera del Ministerio Publico, anula el fallo impugnado y ordena remitir las actuaciones a la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, para que dicte un nuevo fallo con prescindencia de los vicios que motivaron la nulidad del anterior. Publíquese, regístrese y remítase el expediente.