Sentencia N° 474 Casación Penal TSJ 2000: Fiscal Tercera del Ministerio Público… vs Sheridan Antonio Rodríguez Cabrera

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, revisó un recurso de casación interpuesto por la Fiscal Tercera del Ministerio Público contra una sentencia interlocutoria que declaró terminada la averiguación sumaria contra el procesado Sheridan Antonio Rodríguez Cabrera por el delito de privación ilegítima de libertad. La recurrente alegó que la decisión impugnada carecía de motivación y no cumplía con los requisitos establecidos en el Código de Enjuiciamiento Criminal, al no resumir ni analizar las pruebas presentadas en el caso. El Tribunal constató que efectivamente la sentencia del Juzgado Superior no cumplió con las disposiciones legales, ya que no identificó adecuadamente al procesado ni a los cargos formulados, y no analizó las pruebas que sustentaban la acusación. En consecuencia, se declaró con lugar el recurso de casación, ordenando la remisión del expediente al Circuito Judicial Penal de origen para continuar con el proceso. La decisión reafirma la importancia de la motivación en las sentencias judiciales, garantizando así el derecho a un debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Examinada detenidamente la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, se constata la existencia de los vicios imputados por la representante del Ministerio Público, en el sentido de que dicha sentencia no dio cumplimiento a lo establecido en la primera y segunda parte del artículo 42 del Código de Enjuiciamiento Criminal, aplicable para el momento en que fue dictada la sentencia y cuyo texto expresa textualmente: ARTÍCULO 42: “La sentencia debe contener una parte expositiva, otra motiva y otra dispositiva. En la primera parte se expresará el nombre y el apellido del reo, del acusador privado y el reclamante civil, si lo hubiere: el delito por que se procede, los cargos hechos y un resumen de todas las pruebas, tanto del delito como de las que haya a favor y en contra del procesado. En la segunda parte, según el resultado que suministra el proceso y las disposiciones legales sustantivas y procesales y aplicables al respectivo caso, las cuales se citarán, se expresarán las razones de hecho y de derecho en que haya de fundarse la sentencia, analizando las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de responsabilidad penal, si hubiere, y todos los puntos que hayan sido alegados y probados en autos.”. La disposición transcrita constituye la expresión del principio de legalidad que debe imperar en una decisión judicial en materia penal, cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio por parte de los administradores de justicia jueces, quienes no podían subvertirla dada la naturaleza de los derechos allí protegidos. Una decisión en la que no se identifique plenamente al procesado, al acusador privado y al reclamante civil, cuando lo hubiere; que no exprese el delito por el que se procede, los cargos formulados y un resumen de todas las pruebas, infringe lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

En razón de todo lo expresado, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación de forma interpuesto por la Fiscal Segunda ante las Salas de Casación de la extinta Corte Suprema de Justicia, contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, el 19 de diciembre de 1994, que declaró TERMINADA LA AVERIGUACIÓN SUMARIA instruida contra el procesado SHERIDAN ANTONIO RODRÍGUEZ CABRERA, por la presunta comisión del delito de PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD y de acuerdo con el ordinal 1º del artículo 201 del Código de Enjuiciamiento Criminal, hoy derogado. En consecuencia remítase el expediente al Circuito Judicial Penal de origen o Circunscripción Judicial en la que se tramitaba el juicio, según el ordinal 1º del artículo 507 del Código Orgánico Procesal Penal.