Sentencia N° 438 Casación Penal TSJ 2000 — Conflicto de competencia en investigación penal

El Juzgado Militar Primero de Primera Instancia Permanente de Maracaibo planteó un conflicto de competencia respecto a la investigación penal de las ciudadanas Alix Amelia Aguirre Andrade y Nelly Manacia Fernández. El Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia Penal se consideró competente, pero el Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo determinó que no tenía materia para decidir. La Sala de Casación Penal del TSJ, al examinar el caso, concluyó que las acusadas no están sometidas a la jurisdicción militar, ya que los hechos son de naturaleza común y deben ser juzgados por la jurisdicción penal ordinaria.

La jurisdicción militar, como lo ha señalado en reiterada jurisprudencia este Tribunal Supremo de Justicia, es de excepción y no pueden ser sometidos a ella sino las personas y los delitos que expresamente señala la ley, de acuerdo con las previsiones del artículo 123 del Código Orgánico de Justicia Militar. En el caso de autos la investigación se inició ante la jurisdicción especial militar. Sin embargo, las ciudadanas Alix Amelia Aguirre Andrade y Nelly Manacia Fernández no están sometidas a dicho fuero y los hechos que se les atribuyen son de naturaleza común y están contemplados en el Código Penal, en el Libro Tercero, Título I, que se refiere a las faltas contra el orden público.

En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara COMPETENTE para seguir conociendo al Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En virtud de la nueva organización judicial habida con motivo de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala acuerda remitir el presente expediente al ciudadano Presidente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los fines legales consiguientes.